La contralora de Manizales, Jenny Constanza Osorio Vélez, durante la rendición de cuentas de la entidad a su cargo, el pasado viernes, reveló que en el Municipio de Manizales hay hallazgos que podrían significar un detrimento patrimonial de $14.200 millones, tras la auditoría hecha a dependencias como la Secretaría de Hacienda, Instituto de Cultura y Turismo, Secretaría de Obras Públicas, People Contact, Secretaría de Educación, Secretaría de Medio Ambiente, Invama, Infimanizales, Erum y Aguas de Manizales.
 De acuerdo con ese informe, los dineros en cuestión están relacionados con obras en la controvertida glorieta de Castilla (en el ascenso al sector de la Universidad Autónoma), el Hospital Veterinario Municipal, la Estación de Policía de La Cabaña, el Paseo de Vizcaya, el Mirador de Niza y el Hospital General San Isidro, entre otras. Como sea, lo fundamental es que esta vez se esté hablando de cifras concretas y obras específicas, y la esperanza es que se trascienda de las posibles malas actuaciones a las sanciones respectivas.
 El informe de la Contraloría, con corte al 30 de noviembre del 2020, también da cuenta de la vigencia del 2019, correspondiente al último año de la alcaldía de Octavio Cardona. De hecho, Osorio Vélez se refirió a 53 auditorías de la vigencia 2019 y 77 para el 2020, de las cuales 48 ya terminaron. Sin embargo, recalcamos en que más que los anuncios con bombos y platillos acerca de los 144 hallazgos con alcance administrativo, 95 disciplinarios y 20 con alcance penal, lo que esperamos es que tales indagaciones se concreten en el claro establecimiento de responsables de las irregularidades anotadas y las sanciones que sean del caso. La funcionaria también habló de seis procesos sancionatorios, los cuales deben arrojar resultados concretos.
 Siempre se han hecho cuestionamientos muy pertinentes a las contralorías, debido a que se supone que su papel es recuperar recursos del erario que hayan sido mal manejados, pero casi siempre estos procesos terminan en nada, y los funcionarios corruptos no resultan obligados a compensar por sus actuaciones, muchas veces dolosas. Inclusive, casi nunca se logran sanciones disciplinarias ejemplarizantes o castigos penales, como debería ser en estos casos en los que unos pocos se benefician de los dineros públicos. Ojalá esta vez la situación sea distinta y que no siga quedando la sensación de que esos organismos de control fiscal sirven para muy poco.
 Ahora bien, es claro que el problema de estas entidades, así como quedó demostrado en el proceso de escogencia de contralor departamental de Caldas, el cual casi no logra concretarse debido a toda clase de obstáculos, es que hay demasiada dependencia política en ellas. Eso lleva a que, en lugar de hacer controles, se cohoneste con las irregularidades e inclusive delitos que se cometen en las administraciones que dicen vigilar.

En ese sentido es sano que a partir del 2022 se tengan periodos de cuatro años de los contralores, con la idea de que sus cambios se den en la mitad de los gobiernos de alcaldes y gobernadores, y eso garantice independencia. Habrá que esperar si el fin de ese cambio introducido por ley el año pasado cumple con los objetivos propuestos.