Muy optimista, el comisionado de paz Danilo Rueda anunció esta semana que 10 grupos armados ilegales ordenaron un alto el fuego unilateral, mostrando una supuesta voluntad de paz. De acuerdo con el comisionado, entre esos grupos están el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y oficinas de narcotráfico.
Esta expresión surge como respuesta al planteamiento hecho en días pasados, en Nueva York, por el presidente Gustavo Petro acerca de un cese multilateral para buscar la llamada paz total que promueve su gobierno. Según Rueda actualmente se está en una etapa exploratoria para ir concretando un posible acuerdo con todas esas organizaciones para que dejen su actuación criminal. Por lo pronto, el gobierno les hizo un llamado a no matar, no desaparecer y no torturar.
Los funcionarios del Gobierno Nacional analizan actualmente todo el marco jurídico que podría aplicarse a estas negociaciones. En esto será fundamental que distingan entre un grupo como el Eln que tiene claros antecedentes políticos, las disidencias de las Farc a las que se les ofreció la oportunidad de desmovilización en el 2016 y no la tomaron y las demás bandas criminales dedicadas, principalmente, al narcotráfico.
Debe considerarse, además, que el acuerdo de La Habana, que es bloque constitucional, se constituye en el límite con el que debe trabajarse en la búsqueda de soluciones a todos estos problemas de violencia, y que a la gran mayoría de estos grupos no podrían acogerse a lo establecido allí, sino que tendrían que simplemente someterse a la justicia ordinaria, tal vez con algunos beneficios puntuales, supeditados a que los puedan perder si hay incumplimientos en sus compromisos de no seguir delinquiendo.
Lo fundamental es que la institucionalidad y el Estado de Derecho sean respetados, y que cada paso que se dé en la dirección a esa paz total garantice que no habrá ningún grado de impunidad. Cuando en el pasado se hicieron este tipo de anuncios de ceses al fuego, infortunadamente, los criminales han aprovechado para organizar mejor sus estructuras y fortalecerse, para dar golpes estratégicos y buscar mejores resultados en las negociaciones con el Estado. Por eso, es deseable no ser tan ligeros con las ofertas de no atacarlos ni perseguirlos, lo que además de desmotivar a nuestras Fuerzas Militares les podría ayudar a esos criminales a afianzar sus dominios en amplios territorios del país.
La realidad es que en distintas zonas del país siguen los secuestros, el asesinato de líderes sociales y comunales y los ataques contra la fuerza pública, y eso es algo que debe cesar completamente. También debe cesar el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento de poblaciones, e inclusive la liberación de secuestrados y otras expresiones reales de voluntad para que el proceso gane credibilidad, y se pase de la especulación a lo concreto.
