Pese a los altísimos niveles de contagio de la covid-19 en Colombia, lo que ha llevado a la saturación de las unidades de cuidado intensivo, y a la cifra récord de 490 muertes en un día por esa enfermedad, miles de colombianos marcharon este miércoles 28 de abril en rechazo a diversas políticas del Gobierno Nacional, entre ellas el proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso de la República.
 Una mezcla de evidente falta de consciencia social, pero también de desespero por los problemas que afrontan muchas personas, como consecuencia de las afectaciones económicas por la pandemia y por graves situaciones sociales que vienen desde atrás, llevaron a que se generaran aglomeraciones en pueblos y ciudades, las cuales seguramente le pasarán factura a la salud pública con un pico de contagios más alto y prolongado en las próximas semanas.
 El derecho constitucional a la protesta, el cual tuvo una expresión predominantemente pacífica en todo el país, se vio opacado por los desmanes criminales durante la jornada y le dieron argumentos al Gobierno y a quienes comparten sus ideas para que se minimice la magnitud del reclamo popular y se desvíe la atención hacia los censurables hechos que se concentraron en algunos sectores de Cali, Medellín y Bogotá, donde las entidades bancarias fueron los principales blancos del vandalismo. En Manizales tampoco faltaron los desadaptados que solo entienden de violencia y ataques a bienes públicos y privados. Ante esta realidad tan compleja, es un despropósito que los promotores del paro nacional quieran seguir con las manifestaciones públicas. Deberían entender que no solo se pone en riesgo la salud de las personas que salen a protestar, sino de todos los colombianos, porque mientras haya más focos de contagio la posibilidad de que la pandemia se acelere es real, con las naturales consecuencias de ocupación de las unidades de cuidado intensivo y la posibilidad de que se llegue al preocupante nivel del “triaje ético” y, desde luego, al aumento desbordado de las muertes por la covid-19.
 Desde el Gobierno Nacional también debería cederse en la tozudez de impulsar una reforma tributaria con tantos elementos que generan el rechazo de gran parte de los colombianos, quienes sienten que se les exige más de lo que pueden aportar en materia de impuestos. Un primer paso positivo es que se elimine la idea de gravar con IVA los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, pero dicha decisión no es suficiente. Antes de que se hunda en el Congreso de la República, el Ejecutivo debería analizar otros enfoques y presentar un nuevo proyecto mejor consensuado, que resulte más sensato.
Quienes están al frente del Ejecutivo deben entender que antes de dar este paso, bajo el argumento de la solidaridad con los más vulnerables, se deberían revisar aspectos como las grandes pensiones subsidiadas, los elevados salarios de los congresistas y altos funcionarios, así como diversos desequilibrios que solo contribuyen a profundizar las inequidades. Se debe leer muy bien el momento y entender que el inconformismo tiene argumentos muy sólidos. De hecho, lo ocurrido en noviembre del 2019 es un antecedente claro de ese malestar social al que no se le ha dado respuestas.