Con el edulcorado nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, lo que resulta ser un eufemismo exagerado, el Gobierno Nacional presentó esta semana lo que es en realidad una reforma tributaria agresiva con la clase media, y que en lugar de tender a la reactivación de la economía del país la frena más.
Argumenta el Ejecutivo que esa es la única manera de lograr una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para poder luchar contra la pobreza en Colombia. También proteger la calificación de riesgo. Sin embargo, pareciera que en lugar de pretender nivelar por lo alto a los colombianos el Gobierno aspira a hacerlo por lo bajo, porque algunos sectores medios vulnerables podrían ver menguados de manera seria sus ingresos.
Es positivo, sin duda, que el Gobierno Nacional quiera darle permanencia al Programa Ingreso Solidario, para que sea una renta básica orientada a reducir la pobreza y las brechas de ingreso en el país. Es buena idea reunir bajo el mismo paraguas todos los subsidios y ayudas oficiales para las familias más vulnerables, pero el hecho de gravar con IVA del 19% los servicios públicos desde el estrato 4 hacia arriba es un camino que subirá demasiado las cargas impositivas en muchos hogares, que tendrán que sacrificarse demasiado. Además, esos estratos ya subsidian a los estratos 1 y 2.
A esto se suma que las personas naturales pagarán renta a partir de ingresos de $2 millones 420 mil mensuales. Peor aún si se tiene en cuenta que se propone un impuesto a las pensiones desde los $4 millones 800 mil, lo que podría incluso tener problemas para superar el análisis de constitucionalidad. Así, por medio del camino de gravar a las personas naturales, el Gobierno aspira a recaudar $17 billones de los $28 billones que tiene como meta. Hay que hacer mucho más en austeridad del gasto del Estado y acabar, por fin, con tantas gabelas injustas que se pagan con el erario a unos pocos.
La orientación acertada de esta iniciativa debería ser a fomentar la inversión y la generación de empleos, especialmente para los jóvenes y las mujeres. En ese sentido tampoco es acertado persistir los impuestos a las empresas y al patrimonio. Tampoco ayuda a este objetivo cambiar las reglas del IVA para materias primas de la construcción y para diversas industrias alimenticias, lo que llevará a que el consumidor final pague más por los huevos, la leche y la carne, además de fomentar las importaciones y el contrabando. También se critica mucho que en pleno gobierno de la “economía naranja” se derogue la Ley del Cine, que ha permitido que la producción cinematográfica colombiana tenga un impulso significativo desde hace 25 años.

Lo que debería hacerse con mayor empeño es un trabajo para cerrar las grietas de la evasión y la elusión de impuestos. Si en esa dirección se hiciera un trabajo juicioso sería posible recaudar gran cantidad de recursos y no habría que meterle la mano al bolsillo de manera tan agresiva a tantos colombianos que verán comprometida su calidad de vida, si prospera esta reforma. Como sea, en un año que estará afectado por el ambiente preelectoral, el trámite de este proyecto en el Congreso no será fácil.