El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció hace una semana que el caso conocido como Venezuela I pasará de examen preliminar a investigación formal en ese organismo. Eso implica que ese organismo buscará minuciosamente la verdad acerca de lo sucedido en el 2017, cuando el pueblo venezolano se levantó a protestar contra la dictadura, y obtuvo como respuesta una violenta represión en la que se habrían violado los derechos humanos y desde el Estado se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que ese organismo internacional abre una investigación de esas características en América Latina, lo cual reviste gran importancia.
La determinación de la CPI, según Khan, tiene como base lo dispuesto en el Estatuto de Roma, que exige que en casos como los denunciados se busque esclarecer la verdad. Hay evidencias de que jóvenes que marcharon pacíficamente por las calles de Caracas fueron agredidos gravemente y en ocasiones desaparecidos o asesinados por agentes estatales o miembros de fuerzas paramilitares en defensa del chavismo. También se cuenta con videos en los que se observa a uniformados disparar con armas letales en contra de la multitud desarmada.
Debemos recordar que para la fecha de los hechos denunciados, las multitudes se tomaron las calles no solo de la capital venezolana, sino también de varias ciudades importantes en el país. Las manifestaciones se originaron en la escasez de comida y medicamentos, en los altos índices de inseguridad y la inflación disparada, situaciones que persisten en el vecino país y que también han provocado la desbandada de millones de venezolanos, quienes han buscado refugio en todo el mundo, pero principalmente en Colombia. Tampoco puede olvidarse que entre los motivos de la reacción ciudadana estuvo la suspensión amañada de un referendo revocatorio contra Maduro.
Así las cosas, la investigación podría terminar comprometiendo de manera directa al gobernante venezolano, aunque seguramente tratará de evadir responsabilidades escudándose en que los abusos cometidos obedecieron a actuaciones aisladas de funcionarios que se excedieron sin que la orden presidencial haya sido esa. Como la justicia de ese país, como los demás poderes públicos están cooptados por Maduro y el partido de gobierno, los resultados de las indagaciones acerca de esos hechos fue precaria y nunca se llegó a establecer posibles responsables.
La CPI investigará a fondo presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas que afectaron a ciudadanos que fueron detenidos por fuerzas del Estado. Lo complejo en estos casos es poder demostrar que hubo una línea de ataque, una política estatal y una sistematicidad en los crímenes. Ahora bien, desde el año pasado, un informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vinculó al gobierno Venezuela con supuestos crímenes, lo cual podría servir de insumo al trabajo de esclarecer la verdad.

Esta situación unida al caso del empresario colombiano Alex Saab, quien sería testaferro de Maduro, y que recientemente fue extraditado a los Estados Unidos desde Cabo Verde (África), por un caso de blanqueo de dinero, complica de manera seria al régimen venezolano. Todo esto debe conducir a que se allane el camino a que la democracia regrese a Venezuela lo más pronto posible.