La semana pasada taxistas de Manizales protestaron con una caravana por la presencia de publicidad de la empresa Maxim en la ciudad, la cual ofrece el servicio de transporte individual de pasajeros al estilo Uber, y que los amarillos consideran ilegal y una competencia desleal que socava sus posibilidades de ingresos económicos. En el ámbito nacional los gremios de taxistas anuncian un paro nacional en contra del proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República, con el que se busca reglamentar esta actividad en Colombia.
 Tienen razón los taxistas al preocuparse porque aparezcan nuevos competidores en el mercado en el que ellos siempre han estado al frente, pero hay una realidad que no puede mirarse de soslayo, y es que el uso de ese tipo de plataformas, que operan en todo el mundo, no podrá bloquearse por más protestas y paros que ellos hagan. Lo que se debe entender es que en esto es el consumidor, el usuario, el ciudadano quien decide cómo y en qué tipo de vehículos desplazarse, y es el que hace uso de su dinero para pagar por un servicio.
 Ante una realidad que no tiene reversa, que no va en contra del bienestar de los ciudadanos, además de ser favorable al desarrollo en general, el camino correcto es reglamentar. Debemos recordar que hace poco más de un año ocurrió un conflicto con la plataforma Uber, que supuestamente cesó operaciones en el país, pero la conclusión en aquel momento fue que el mejor camino es poner las cosas claras, y eso implica no solo que las plataformas funcionen, paguen impuestos y contraten de manera digna a los conductores, sino que se rijan por normas que no desequilibren el mercado de los taxis tradicionales.
 Sin embargo, esto también implica modernizar la legislación en la que se basa la operación de los taxis, en la que hay que revisar el sistema de cupos y la afiliación a empresas; también la manera de contratar a los conductores. No es solo legalizar las plataformas, sino de resolver todos los problemas que se tienen en la modalidad del transporte individual, para garantizar la comodidad y la seguridad para los usuarios (la adquisición de seguros, el uso de vehículos modernos y la verificación de antecedentes de los conductores, por ejemplo), pero al mismo tiempo todo el esquema de tributación de las empresas y la contratación de conductores debe ser claro y equitativo.
 
Debe entenderse que los más importante es el consumidor del servicio y sus intereses deben primar, no los de ningún gremio. Al considerarse la posibilidad de implementar una tarifa dinámica, que no afecte las tarifas básicas del servicio de taxis, todos los actores de la cadena ganan, y sería el mercado el que regule toda la operación. También es positivo que se piense en la creación del Fondo para la Movilidad y la Infraestructura, para que se recaude el 1% del costo de los viajes para destinar a la formalización y modernización del parque automotor.