El cierre de la Clínica Santa Ana, de Manizales, que atendía de manera exclusiva a los educadores oficiales, evidencia la fragilidad de esa supuesta protección especial por la que tanto luchan los maestros. La decisión, según el operador Cosmitet, ocurrió debido a que la operación de ese centro estaba dando pérdidas y ya era insostenible. Hoy los cerca de 20 mil educadores y beneficiarios afiliados en Caldas son atendidos en las clínicas de La Presentación, Ospedale y Avidanti.
La situación también muestra que la supuesta exclusividad es enemiga de la eficiencia. No tiene mucho sentido que unas instalaciones que pueden estar ofreciendo servicios a todo tipo de usuarios tengan que estar limitadas a una población específica. Eso en lugar de garantizar buena atención a los pacientes restringe sus posibilidades de crecimiento y mejora de los servicios prestados y termina con una desmejora que perjudica a todos, o con decisiones como la de cerrar clínicas, como en este caso.
Además de resultar odiosas las exclusividades, que transmiten un imaginario de privilegios que no debería existir en la prestación de servicios de salud, también significa discriminación hacia otros que deberían gozar de los mismos derechos. Lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 corresponde a un país premoderno, que necesita ser cambiado en esos aspectos. Lo mejor para el sistema y los usuarios es que haya equidad y acceso de calidad para todos a los servicios de salud, sin privilegios.
Inclusive, idealmente, los regímenes especiales deberían desaparecer del sistema de salud, no solo porque envían un mensaje de exclusión de otros, y de privilegios, sino por la carga de ineficiencia que representan y que se refleja en las recurrentes protestas de docentes y policías, por ejemplo, por la mala calidad y oportunidad en la prestación de servicios. Ahora que el nuevo gobierno nacional anuncia reformas profundas, ese es un punto que debe considerarse sin ambivalencias.
Evidentemente, en la medida en que los recursos para la salud se inviertan de una manera más equilibrada, en busca de brindar buena atención a todos los colombianos, los resultados serán mejores para la salud pública general, que debe ser el objetivo principal del sistema. Así, la lucha de los maestros no debería ser por la exclusividad, pensando en lograr supuestos privilegios, sino en romper con las inequidades para que los servicios de calidad estén al alcance de todos, como sus alumnos de peores condiciones sociales.

Hacia esos propósitos deben apuntar todas las medidas que se incluyan en la reforma a la salud que se plantea. No se trata solo de poner en cintura a las EPS, que es fundamental que se pongan al día en sus deudas, sino que la cobertura sea realmente universal, oportuna y de calidad para todos los colombianos. Los privilegios y las exclusiones deben desaparecer.