En octubre del 2019, cuando el joven candidato Carlos Mario Marín ganó las elecciones locales, muchos pensaron en Manizales que venía una etapa de cambios positivos, por lo menos, en la manera de administrar el Municipio y en la forma de hacer política en la ciudad. Actualmente en algunos de esos sectores esperanzados en transformaciones de fondo hay decepción, porque se vienen reciclando viejas prácticas que, de manera ilusa muchos pensaban que solo pertenecían a las formas de actuar de los políticos tradicionales.

Las denuncias de contratistas que aseguran que son obligados a referir listas de 50 posibles votantes a favor del candidato a la Cámara Santiago Osorio, primo del alcalde, y que son convocados a reuniones políticas son graves, ya que se podría estar generando una especie de constreñimiento al elector, y claramente con el involucramiento de prácticas que suponen el manejo de recursos públicos, como una forma de premiar o castigar a quien se acomode a los deseos de quien busca presionar de esta manera votos a favor de Osorio. Pese a la insistencia para conocer sus puntos de vista, es llamativo que el aspirante haya decidido no dar la cara a LA PATRIA.

Las presiones que estarían sintiendo estas personas, que dependen de un contrato de prestación de servicios en muchos casos, es una práctica recurrente que afecta de manera grave la democracia y que caracteriza a formas políticas corruptas que no quisiéramos tener en Manizales y Caldas. Algunos tratan de justificar que esto lo han hecho siempre los políticos, pero no se puede llegar a un cargo tan importante como el de alcalde con la promesa de que todo eso va a cambiar para seguir en las mismas.

Para evitar este tipo de cosas, desde este diario hemos manifestado muchas veces que el Colombia hay que acabar con la hipocresía que significa tratar de ocultar la participación de los funcionarios públicos en la política, precisamente porque se presta para este tipo de presiones y manejos subterráneos que a nada bueno conducen, pero mientras eso no esté reglamentado, los funcionarios públicos tienen prohibido inmiscuirse en las actividades de campaña, pero lamentablemente varios, de acuerdo a lo sabido, están de lleno en las campañas de Osorio, y también del aspirante liberal al Senado, José Luis Correa, con el que se tendrían alianzas electorales.

Resulta muy preocupante que, en el caso del Hospital General San Isidro, por ejemplo, se tengan tantos contratos de prestación de servicios que terminan en febrero, con la posibilidad de ampliación, pero que a la vez haya denuncias de presiones para llenar los formatos de referidos. ¿Una estrategia de premios y castigos? El alcalde, en un mensaje de Whatsapp asegura que no da instrucciones para violar las normas que le impiden participar en política, pero todo indica que varios subalternos van por otro camino.

En todos estos episodios, aunque no haya ilegalidades probadas, sí se tendrían, por lo menos, inmensas fallas éticas. Hay mucha desazón en quienes se ilusionaron en el pasado con que la administración del joven Carlos Mario Marín estaría alejada de ese tipo de prácticas. Todo los relacionado con la reunión del 3 de febrero en la noche en el Teatro Los Fundadores, así como de otras ligadas a altos funcionarios en ejercicio requiere, así mismo, la intervención de los organismos de investigación y control, y llegar pronto a conclusiones certeras que conduzcan a sanciones, si es el caso.