En manos de la Corte Constitucional quedó el proyecto de ley que reforma el Código Electoral colombiano. Una vez que el texto supere este examen, la sanción presidencial lo convertirá en nueva norma que establece las reglas de juego de las elecciones políticas en el futuro en el país. Luego de su trámite en la Cámara de Representantes y Senado de la República, y la correspondiente conciliación, el resultado tiene avances importantes en diversos aspectos, pero también deja vacíos y cuestionamientos que preocupan.

Un punto que debe resaltarse es que haya logrado superar todos los obstáculos la conformación paritaria de las listas para Congreso, concejos y asambleas, lo cual debe permitir que más mujeres lleguen a las corporaciones públicas a partir del 2022. Es un paso bastante valioso en equidad de género que es saludable para los mensajes de inclusión, nuevos liderazgos y apertura democrática en la política de nuestro país.

Aunque todavía hay expectativa y dudas acerca de cómo funcionará, también parece positivo que pretenda implementar el voto electrónico, y es pertinente que se piense implementar inicialmente de manera mixta haciendo uso de máquinas en las que se marcarán las preferencias de los electores y que arrojarán un comprobante para depositar en las urnas. Así el trámite digital quedará con respaldo físico para escrutinios y revisión de resultados estrechos, pero no se requerirá la intervención de los jurados en el conteo, lo que en tantas ocasiones ha sido cuestionado. También será novedoso el uso simultáneo de la biometría y de la cédula de ciudadanía, para tratar de evitar que puedan votar personas fallecidas, como ha pasado en tantas regiones del país.

Un punto negativo es que pese a que algunos sectores en el Congreso lograron evitar la excesiva ampliación burocrática de libre nombramiento y remoción que se estableció en el proyecto original, se mantuvo la creación de 32 nuevos registradores departamentales, lo que es innecesario a todas luces, ya que actualmente hay dos por cada departamento, además de todos los funcionarios que los acompañan. Se habla de un verdadero festín burocrático. Tampoco es conveniente, y puede ser inconstitucional, que los partidos políticos tengan acceso a los datos electorales antes de ser conocidos por los electores.

En materia de transparencia también se ha cuestionado la eliminación de la obligatoriedad de registrar los aportantes y proveedores de las campañas políticas, sin necesidad de tener que revisar uno a uno los políticos, como ocurre hoy con el portal de Cuentas Claras. Tampoco ayuda que el proceso electoral se haya declarado de seguridad nacional, ya que se le dan así excesivas facultades al registrador para que contrate sin tener que cumplir normas ni rendir cuentas, por ser información supuestamente reservada.

----

Habrá que ensayar esta nueva herramienta para poder ver sus bondades y encontrar sus problemas, pero no puede negarse que es un paso importante de modernización del sistema, ya que el código vigente es anterior incluso a la Constitución de 1991, y las diversas reformas que se pretendieron hacer en el pasado siempre se hundieron. Ojalá esta sea la puerta de entrada a la reforma política profunda que necesita Colombia.