Si bien la saliente ministra de las TIC, Karen Abudinen, antes de presentar su renuncia quiso minimizar la gravedad de lo ocurrido con el contrato adjudicado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados, cada día surgen nuevas evidencias que muestran que allí lo que hay es, en realidad, una olla podrida, cuyo fondo se ve cada vez más oscuro. Lo de las pólizas falsas parece ser solo la punta del iceberg.
El hecho de que personajes como Emilio Tapia y hasta Guido Nule (condenados por el Carrusel de la Contratación en Bogotá) tengan relación con el consorcio que obtuvo ese millonario contrato de $1,07 billones, muestra que la conectividad para las escuelas rurales colombianas sigue en riesgo.
También saltaron a la palestra varios congresistas como Armando Benedetti, Miguel Gómez Amín, Antonio Luis Zabarain y Daira de Jesús Galvis, quienes tendrán que explicar ante la Corte Suprema de Justicia muy bien su interés en ese contrato al llamar, supuestamente, en varias ocasiones a la entonces ministra Abudinen con intenciones poco claras.
Otros nombres que aparecen, como los de Jorge Pino Ricci, Mauricio Galofre, Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre; Inocencio Meléndez, ‘Alfredito’ Amín, entre otros personajes, algunos de los cuales ya han sido condenados por corrupción, enrarecen más el ambiente.
Hasta el exembajador colombiano en los Estados Unidos, Francisco Santos, empieza a ser parte del lío, al admitir que en varias ocasiones recomendó a la empresa estadounidense Hughesnet Corporation, para que le adjudicaran ese contrato, pero también asegura que tal vez por intereses ligados a la corrupción que se ha venido destapando el MinTIC prefirió adjudicar a Centros Poblados.
Por fortuna, gracias a las denuncias periodísticas, se conoció esta situación antes de haberse desembolsado todo el dinero. El capital que está en riesgo de perderse corresponde a un anticipo de $70 mil millones, que los organismos de control y de justicia, y hasta el propio gobierno tienen la obligación de recuperar a como dé lugar.
Hoy es evidente que la exministra Abudinen sí tenía muchos elementos para desconfiar de lo que estaba pasando con ese contrato específico, y que su adjudicación debió evitarse
. Se entiende, además, que un proyecto de esa envergadura no podía estar en manos de un subalterno del Ministerio de las TIC, sino de la propia titular de la cartera, y que tal vez los colombianos nos salvamos de que el hueco por ese contrato fuera aún mayor.
Es triste ver cómo algo tan básico e importante como la conexión de internet para los niños colombianos que viven en las zonas más apartadas del país se convierte en un festín para los apetitos voraces de políticos y empresarios corruptos, que solo piensan en saciar sus ambiciones. Se necesita que actúe la justicia de manera oportuna y eficaz, y que los dineros comprometidos se recuperen totalmente, para invertirlos en el propósito al que estaban destinados.
