El candidato presidencial Gustavo Petro, tal vez buscando vender una imagen de generosidad en medio de la Semana Santa, habló de “perdón social” durante su eventual gobierno. Aunque ahora niegue la relación de su hermano Juan Fernando con su campaña, resulta muy coincidente que su propuesta haya surgido al mismo tiempo que su familiar, acompañado por miembros de la Misión Intereclesial de Justicia y Paz, haya visitado la cárcel de La Picota, para entrevistarse con delincuentes de alto calado, gran parte de ellos reconocidos corruptos que actuaron en contra del erario nacional, para hablar de temas similares.
Sorprende el nivel de contradicciones que ofrece esta vez la campaña del líder del Pacto Histórico, cuando al parecer quiere acercar a su campaña a los más inescrupulosos corruptos del país, entre ellos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá y excongresista de la República, respectivamente, además de políticos condenados por crueles masacres como el exsenador Álvaro García.
Pese a sus diversas explicaciones acerca de su ofrecimiento de “perdón social”, y a que ha tratado de desmarcarse de lo hecho por su hermano, la versión de que todo se trata de un “entrampamiento” a su campaña luce todavía más incoherente y desatinado. Por el contrario, pareciera que en esta ocasión Petro está dispuesto a venderle el alma al diablo, con el firme propósito de obtener la Presidencia, sin importarle el costo que dichas acciones puedan representar al país. Dar gabelas a los peores corruptos, parapolíticos y farcpolíticos es un error de enormes proporciones que solo perjudicaría a Colombia.
Dice el candidato que el perdón del que habla no implica que los corruptos salgan de las cárceles, y que lo único que busca es lograr que la paz y la reconciliación de los colombianos sea posible. Pero no contento con el acercamiento con los políticos corruptos, Petro ahora sale a proponer una “especie de JEP”, en referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, para negociar con los narcotraficantes para que abandonen ese negocio. Y aunque de nada de eso habla en su programa de gobierno, es preocupante que ahora lo tenga como una de sus banderas en caso de ser elegido.
Otro asunto complejo relacionado con estas propuestas, que habla de manera clara acerca de las formas y talante de Petro, es que el perdón no es algo que pueda decretar un presidente de la República, ya que es claro que solo las víctimas pueden, de manera voluntaria, ofrecer algún tipo de perdón. La discusión alrededor de este asunto, como en toda democracia, puede darse, pero el riesgo de que un mandatario tome determinaciones a nombre del pueblo, sin tener la legitimidad plena para ello, es algo que en el caso del aspirante izquierdista aflora de manera inmediata. La posibilidad de indultos y amnistías, en contravía de lo que quieren los colombianos, es un peligro real.
A propósito de este último punto, sorprende que Petro se acerque a reconocidos corruptos, así hayan sido estos últimos quienes lo hayan buscado, cuando todas las encuestas coinciden en que una de las más grandes preocupaciones de los colombianos es la corrupción en las distintas esferas del Estado. Lo que necesita el país es que haya propuestas que al aplicarlas logren derrotar de manera definitiva la corrupción en Colombia.
