Lo ocurrido en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo) el pasado 28 de marzo, a las 6:30 a.m., cuando murieron 11 personas en medio de un operativo del Ejército, genera grandes preocupaciones por las versiones encontradas que se tejen alrededor de estos hechos. Mientras que desde el Gobierno Nacional se asegura que se trató de un operativo militar basado en labores de inteligencia, la comunidad de la zona asegura que fue, en realidad, un falso positivo, similar a los ocurridos infortunadamente durante la primera década de este siglo.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que las 11 personas eran miembros de las disidencias de las Farc, pero lo extraño es que allí murieron el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, su esposa y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, en un hecho en el que no es claro si hubo combate. De hecho, la versión de las comunidades es que las personas asesinadas estaban en un bazar y algunas de ellas habían consumido bebidas alcohólicas.
Lo cierto del caso es que en esa región sí hay presencia de grupos armados ilegales, que se mueven con frecuencia por las áreas rurales de Puerto Leguízamo. Sin embargo, las comunidades indígenas locales también son significativas y en muchas ocasiones se han quejado de tener que estar en medio del conflicto, sufriendo agresiones de los grupos armados ilegales, pero también del Ejército. 
Como sea, este caso específico tendrá que ser investigado a fondo para establecer la verdad. Los hechos son muy confusos y las características de las víctimas, entre las que también se cuentan menores de edad, generan muchas dudas. Sería muy grave que miembros de las Fuerzas Militares hayan hecho pasar a ciudadanos inocentes como guerrilleros o criminales “dados de baja” en combate, y que se haya anunciado, como se hizo, como una operación exitosa en contra de disidencias de las Farc.
Además de lo que una acción de esta naturaleza significaría en medio de lo que sería una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, cometida por agentes del Estado, las ayudas de los Estados Unidos para fortalecer el aparato militar colombiano también podrían verse comprometidas, pese al reciente acuerdo entre el presidente Joe Biden, del país norteamericano, con el presidente colombiano, Iván Duque, para la llamada Alianza Colombia.
La misma Procuraduría General de la Nación, basada en la información recolectada en la región, tienen muchas dudas acerca de lo ocurrido y por eso indaga a mandos del Ejército acerca del antes, durante y después de la operación militar, para poder sacar conclusiones claras acerca de la realidad del asunto. Desde el Ministerio de Defensa se asegura que eran criminales a los que se les incautó material de guerra y que, además, causaron heridas a algunos soldados, pero las evidencias presentadas no son muy detalladas al respecto. Sería grave, además, que pese a las evidencias, el Gobierno se sostenga en negar que pudo ser un falso positivo.