Desde el año pasado, cuando se tramitó a las carreras en el Congreso de la República, como un “mico” de la Ley 2159, de Presupuesto, se temía que pasaría lo que finalmente dictaminó el pasado jueves la Corte Constitucional: que la reforma a la Ley de Garantías que le permitía al Gobierno Nacional celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales, no se ajustaba a la Constitución, pues el cambio se tramitó como si fuera una ley ordinaria, aunque debía hacerse como una ley estatutaria.

La votación en el alto tribunal de la ponencia presentada por la magistrada Diana Fajardo fue contundente: 8 votos a 1. Se ordena suspender todos los convenios administrativos en trámite, con efectos retroactivos a partir de la expedición de la Ley, en octubre pasado. Esto quiere decir que todos los contratos que se hayan firmado en este tiempo deben reversarse, con el correspondiente desembolso de dinero.

Aunque quienes aprobaron ese cambio en la norma aseguran que acatan el fallo pero que no lo consideran coherente, desde la misma discusión en el Legislativo se advirtió de la irregularidad, además porque en la Ley de Garantías se prohíbe que las entidades públicas celebren convenios interadministrativos en época electoral, con el propósito de evitar negociaciones de apoyo político a cambio de dinero.
Lo grave es que ya fueron comprometidos, por lo menos, $6,5 billones gracias al cambio que se hizo, pero ahora todas esas operaciones tendrán que ser reversadas.

El desgaste para el Estado, debido a la tozudez de quienes no escucharon razones en el momento de la aprobación, es enorme. De hecho, esta situación compromete a cerca de 645.000 contratos, de los cuales unos 3.300 serían convenios firmados entre la Nación y los entes territoriales.

El fallo de la Corte también señala que la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pueden abrir expedientes y procesar a quienes consideren que violaron la ley a través de ese “mico”. Se supone que esto podría tener consecuencias graves para muchos de los implicados en estos contratos, ya que la Contraloría advirtió acerca de la gran concentración de estos en fechas específicas.

Independientemente de la decisión de la Corte, es verdad que la Ley de Garantías no tiene sentido en este momento en que ya no existe la figura de la reelección presidencial, y de hecho es una norma que debe ser derogada, además porque sus efectos son contrarios ahora al espíritu con el que nació: Actualmente lo que ocurre es que a pocos días u horas, inclusive, de empezar a regir, se vive una verdadera feria de contratos a los que luego es difícil hacerles seguimiento.
 
La realidad es que en lugar de impedir la corrupción, esa ley la fomenta. Lo que estuvo mal fue hacer el cambio en plena época electoral y meter la reforma a la fuerza en una ley ordinaria. Lo primero que deberían hacer los nuevos congresistas, el próximo 20 de julio, es tramitar una norma que elimine esa ley que solo genera problemas.