Desde hace algunos meses se venía hablando de la posibilidad de que las calificadoras de riesgo, después de 10 años de buenas notas para Colombia, terminaran bajándole la calificación al país debido a su situación fiscal. En términos sencillos, Colombia viene gastando más de lo que puede recaudar por impuestos y eso lleva a que se genere una alarma acerca de la posibilidad de que las deudas con el sistema financiero internacional no sean cubiertas a tiempo.
La decisión de S&P (Standard and Poor’s) de rebajar la calificación en moneda extranjera, de BBB- a BB+, tiene relación directa con el hundimiento de la reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso, la cual infortunadamente fue llevada a discusión sin antes haberse hecho el esfuerzo de concertar con distintos sectores, y así evitar que se cayera, como ocurrió. Pese a que el propio presidente Iván Duque dijo el año pasado que una reforma de este tipo sería un “suicidio”, se menospreciaron las consecuencias de un proyecto en el que se hablaba de incrementar el IVA, entre otros desatinos.
Si se hubiera leído de manera sensata el momento del país, en el que la pandemia de covid-19 disparó el desempleo y la pobreza, tal vez hoy el Congreso estaría tramitando una buena reforma y el concepto de S&P sería distinto. Ante la posibilidad de que otras calificadoras, como Fitch Ratings y Moody’s, sigan el mismo camino, el Gobierno debería acelerar el paso en la solución de la crisis del paro nacional y presentar cuanto antes al Legislativo una reforma tributaria viable, en la que la mayor parte de los aportes provenga de quienes tienen cómo hacerlo, por la vía del gravar dividendos y de quitar gabelas a contribuyentes que podrían pagar más.
Hay que entender que estas calificaciones no son el fin del mundo, que Colombia ha vivido largos periodos en condiciones similares, y que pese a ello la economía ha respondido. Es el momento para la cautela, no para buscar salidas desesperadas. No puede negarse que la agitación social sirvió para que S&P se llenara de razones para su decisión, y por ello los colombianos debemos entender que el mejor escenario hoy es la calma. Es verdad que son estas mismas calificadoras las que avalaron a los bancos que especularon con hipotecas pocos días antes de la crisis financiera del 2008, lo que les restó mucha credibilidad, pero su voz sigue siendo importante para la economía del mundo.
Ya es un hecho de que el dinero se encareció para Colombia, tanto para el sector público como para el privado: todos pagaremos las consecuencias con tasas más altas en el mercado financiero, pero no podemos olvidar que lo que está mal es susceptible de empeorar. Hay que enfilar baterías para no dejarnos llevar por el pesimismo. Se necesita una reacción rápida del Gobierno para enviar un mensaje de confianza. Además de medidas económicas, como una reforma tributaria equilibrada, se necesitan decisiones políticas orientadas a reducir el gasto inoficioso y a desincentivar la polarización que nos ha llevado a los radicalismos actuales.
