La decisión que habría tomado el Gobierno Nacional de comprar a los Estados Unidos 24 aviones caza F-16 Bloque 70, si bien corresponde al deseo de tener unas Fuerzas Militares que puedan enfrentar con éxito los distintos desafíos de seguridad que tiene el país en su conflicto interno y posibles provocaciones de vecinos, que pretendan agredir a Colombia, en momentos como los que estamos afrontando, con una difícil emergencia sanitaria que también ha profundizado los problemas sociales y económicos del país, resulta claramente inoportuna.
Una inversión de esa magnitud, 4.500 millones de dólares (unos $14 billones) es demasiado elevada, cuando lo que debería ser prioridad para el Gobierno es la recuperación económica y social de Colombia. Lo fundamental es avanzar en la recuperación de los puestos de trabajo perdidos y en la generación de empleo formal, y para ello lo que se necesita es fomentar la inversión nacional y externa en distintos sectores de la economía local, así como trabajar de la mano de los empresarios para que todas las condiciones favorezcan crecer con equidad social.
Desde fuentes cercanas al Ejecutivo se argumenta que la flota de combate de 21 aviones Kfir, que llegaron a Colombia en 1989, está obsoleta y que la actual estrategia de defensa exige una flota más poderosa, acorde con las necesidades del momento, en el que hay una permanente amenaza desde Venezuela, que cuenta con 22 aviones rusos Sukhoi. Dicen que Colombia, además, completaría la mayor flota de aviones de combate en la región, con 83 en total, superada solo por Brasil, que tiene 120. Desde la empresa estadounidense Lockheed Martin, que vendería las aeronaves, estarían listos, según Noticias Caracol, para enviar los aparatos a Colombia. Esas serían las “soluciones compartidas” de las que habla el Departamento de Estado de ese país.
No resulta coherente que el Gobierno haga esa compra cuando impulsa una reforma tributaria para recoger $25 billones, supuestamente para poder cumplir compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Para recaudar estos recursos el Ejecutivo echará mano, principalmente, de un IVA ampliado a los productos de la canasta familiar, y de otras determinaciones tributarias que irían en contravía de las decisiones que se necesitan para una reactivación real y sostenible de la economía y de la lucha contra los desequilibrios sociales entre los colombianos.
El Gobierno Nacional debe reconsiderar este proyecto, que bien podría ejecutarse más adelante, cuando las condiciones económicas del país sean mejores. Mientras tanto, frente a Venezuela, hay que mantener el cerco diplomático y buscar que con la presión internacional vengan los cambios políticos allí. Colombia, en lugar de generar provocaciones bélicas de esta naturaleza, debe evitar a como dé lugar un conflicto militar con nuestros vecinos. Si desde los Estados Unidos hay interés de que la salida del problema venezolano sea militar, debe ser ese país el que ponga la cara a semejante despropósito. Debe entenderse que este tipo de caminos solo fortalecen a las opciones extremistas, no a las que prefieren las salidas democráticas; estimular una carrera armamentista es el peor de los errores.
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