Una condena tardía

La condena al exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez a 30 años de prisión por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón es la ratificación de hasta dónde llegó la penetración del crimen organizado en una entidad que debía velar por la seguridad de los colombianos. Cuando estas organizaciones públicas cometen crímenes de manera sistemática, como lo terminó haciendo el DAS, hasta que tuvo que ser liquidado, esto no se puede llamar de manera distinta a crímenes de Estado.

Es una lástima que este crimen no haya sido declarado de lesa humanidad, pues se está a escaso un año de que prescriba y aún faltan muchos cabos por ser atados en el que resultó ser un golpe durísimo a buena parte de la sociedad colombiana, que se veía representada en los personajes de Garzón. La única forma de impedir que la impunidad se mantenga en este, como en muchos otros homicidios en la década de los 90, es con esta declaratoria. No obstante, vale afirmar que el hecho de que pasen tantos años sin que se llegue a responsables es también la demostración de la incapacidad del aparato judicial, que dio muchos bandazos en este caso, como los ha dado en otros.

Diferentes investigaciones periodísticas pusieron la alerta sobre las desviaciones iniciales que cometieron en el proceso de este crimen, vinculando personas que nada tenían que ver con él, un típico sistema que se ha usado en otros homicidios, y que parece una estrategia para intentar desviar la atención sobre los verdaderos responsables. Por eso pasaron 19 años para que se pudiera llegar a una condena en primera instancia para quien el juez dice que fue un organizador. Este fallo nos recuerda que los periodistas siguen siendo amenazados en Colombia y por eso, si bien es importante que se llegue a condenas de responsables, mejor sería saber que en nuestro país se hubiera mejorado en el clima de libertad de prensa y que los periodistas no sean amedrentados o asesinados por sus investigaciones o denuncias.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha advertido en varias ocasiones que la dilatación de los procesos judiciales en crímenes contra periodistas afectan las posibilidades de llegar a impartir justicia, pues muchas decisiones llegan extemporáneamente, como ha sido este caso, que se le ha atribuido en su determinación al desaparecido exjefe paramilitar Carlos Castaño. Como si fuera poco, son varias las piezas que quedan sin resolverse sobre la posible participación de militares en este magnicidio. A lo que se suma que hoy Narváez, involucrado en varios procesos realmente aterradores, permanezca en una guarnición militar como si formara parte de esa institución, ya que debería estar en una prisión como cualquier delincuente.

Hay que celebrar que se haya llegado a este resultado, pues no es lo normal cuando se presentan estos crímenes, pero vale la pena llamar la atención sobre la importancia de que la justicia asuma los magnicidios con mayor prontitud para poder llegar a los culpables en los tiempos debidos y no después de dos décadas, cuando la verdad se vuelve esquiva, porque inclusive muchos protagonistas ya no están. Es hora de que a quien le corresponda ordene que el señor Narváez sea conducido a una cárcel y sea tratado como un reo, no como un exmilitar, pues desmerece el haber ocupado una función pública y enloda el honor de los militares que le sirven de anfitriones.