El exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo detenido de manera preventiva en su hacienda El Ubérrimo desde el pasado 4 de agosto, por orden de la Corte Suprema de Justicia, recobró la libertad el sábado pasado, con lo que podrá ejercer su defensa en libertad como lo venía reclamando. La Corte había decidido limitar su libertad en el proceso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal, por considerar que podría interferir en las investigaciones, pero con su renuncia al Senado las competencias ahora están en manos de la Fiscalía General de la Nación.
 La decisión de la jueza 30 penal de control de garantías, Ximena Salcedo, tiene afinidad con el nuevo camino legal que seguirá este proceso, el cual tomará como base la ley 906 del 2004, correspondiente al nuevo sistema penal acusatorio, que algunos juristas consideran demasiado garantista. Así las cosas, la Fiscalía podrá comenzar un proceso nuevo para allegar pruebas e indagaciones que no estaban en lo actuado por la Corte, y se podría tomar un rumbo diferente.
 Como sea, lo sensato es que las pruebas recolectadas por el alto tribunal no se diluyan o, simplemente se archiven, cuando hay una base que puede servir de sustento a las nuevas informaciones que deben orientar este proceso. Como hubo apelación, será el Tribunal Superior de Bogotá el que ratifique o rechace la determinación de la jueza.
 Hoy puede afirmarse, sin lugar a dudas, que el exmandatario tiene todas las garantías procesales y que, por el camino que viene trazando la justicia, están dadas todas las condiciones de un Estado de Derecho, por lo que el resultado, considerando todo el material probatorio existente, debe conducir a un fallo equilibrado y justo de la conducta de Uribe Vélez. En ese sentido, la sociedad colombiana espera que este juicio y sus resultados estén ajustados a la verdad y al respeto inalienable de la ley.
 Es así como se espera que la actitud del fiscal, Francisco Barbosa, sea muy profesional y que con total objetividad, desprendido de afinidades políticas o vínculos de amistad, resuelva esta situación sin echar por la borda la posibilidad de tener pruebas concluyentes. La credibilidad del ente acusador está en juego, por lo que sería insensato llevar a cabo cualquier actuación que deje dudas acerca de la independencia y seriedad de la Fiscalía. En esto, Barbosa tiene que dejar claro que no actúa bajo las presiones del Ejecutivo, y menos aún del partido de gobierno, el Centro Democrático.
 
Desde luego que no será una tarea fácil en un país polarizado en el que, por más pruebas que haya, mucha gente está convencida de la inocencia o culpabilidad de Uribe, según desde donde se le mire. Ante esto, solo un proceso riguroso, que reúna todos los elementos de juicio, tendrá la credibilidad que se necesita en un asunto tan polémico. Así mismo, tampoco es este el momento de impulsar referendos para reformar la justicia, lo que podría interpretarse como una retaliación política, cuando lo que se necesita es que, por medios pacíficos, se logre un acuerdo nacional en el Legislativo para introducir los cambios necesarios.