Acaba de terminar la primera legislatura en el gobierno del presidente Iván Duque. La última semana fue una maratón en la que terminaron aprobadas algunas iniciativas positivas, pero también otras que dejan dudas acerca de sus efectos. Si bien al final el Gobierno logró obtener mayorías para tramitar buen número de proyectos, durante la mayor parte de la legislatura sufrió para poder impulsar sus iniciativas e incluso algunas consideradas de primera línea terminaron hundidas, como las reformas a la política y a la justicia.
Quedaron para sanción presidencial la prohibición del asbesto a partir del 2021, la eliminación de cerca de 11 mil leyes inútiles, la Ley TIC, la creación del Ministerio del Deporte, la ley de remisos, la "ley empanada" que beneficia a vendedores informales, el proyecto que endurece el castigo a la violencia intrafamiliar, el "datacrédito" para quienes no cumplan con cuotas alimentarias, la segunda vuelta para la elección de Alcalde de Bogotá a partir del 2023 y la Ley del Veterano, entre otras. También se aprobó la reforma constitucional que elimina la posibilidad de que el narcotráfico y el secuestro se consideren conexos al delito político, y la reforma a las regalías logró los primeros cuatro debates, y en la próxima legislatura continuará su curso.
Fue bochornosa la manera en que fue hundida la iniciativa que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, el cual deberá ser reactivado junto con casi todo el paquete anticorrupción que se hundió o que quedó estancado, para ser tramitado en la legislatura que comienza el 20 de julio. Hay que recordar que tras los contundentes resultados de la consulta anticorrupción del 26 de agosto del año pasado, el Gobierno Nacional se comprometió con esa agenda, pero sin resultados en esa materia.
Esta legislatura también será recordada por el infortunado tránsito de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), con el que se generó una innecesaria congestión en el Congreso de la República, solo por el capricho de ponerle palos en la rueda a la paz. Además del ambiente de polarización que se profundizó, estas objeciones que al final se hundieron llevaron a que las reformas a la política y a la justicia se quedaran sin tiempo para ser debatidas y que el Plan Nacional de Desarrollo fuera aprobado a pupitrazos.
No todo fueron derrotas para el Gobierno. Puede sacar pecho porque las dos mociones de censura que la oposición intentó en contra de los ministros Alberto Carrasquilla, de Hacienda, y Guillermo Botero, de Defensa, no prosperaron. También avanzó bien el proyecto de acto legislativo que contempla que los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos siempre al régimen penal ordinario, sin ningún tipo de beneficio.
No obstante, se cayeron proyectos como la amnistía para deudores financieros, que proponía que los morosos reportados en Datacrédito, que se pongan al día, fueran excluidos de la base de datos. También se hundió el proyecto de ley de la comida chatarra, que exigía etiquetado de cada producto con información nutricional. Es una lástima que esta iniciativa no haya prosperado, porque gran parte de nuestros problemas de salud pública tienen relación con la mala alimentación.
Asegura el Gobierno que el resultado agridulce está relacionado con su decisión de no usar "mermelada" para tratar de obtener respaldos de congresistas, y eso está bien, pero muchas iniciativas se hundieron solo por responsabilidad del Ejecutivo. Un desafío para la nueva legislatura será armonizar las relaciones entre los dos poderes públicos y lograr que los proyectos avancen mejor. La prueba de fuego serán las reformas estructurales a la justicia y a la política, sin que se caiga en el discurso derrotista y de hecatombe según el cual solo una constituyente podrá hacer dichas reformas. Tampoco puede dársele alas al discurso populistas del tal Estado de opinión, que solo polarizaría más al país, con pésimos efectos para la economía.
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