Alguien o algún organismo de control del Estado debe ponerles fin a prácticas lesivas como las de no pago del sector público a entidades y organizaciones con las que se comprometió mediante contrato. Esto afecta no solo el erario, por todo lo que ocasiona el dejar de cancelar en los plazos establecidos en un contrato; sino que se golpean las finanzas de los que confiando en el Estado ejecutaron lo pactado y ahora asumen las consecuencias: un déficit contable y fiscal. Parece poco creíble que eventos de la trayectoria de los festivales Internacional de Teatro y Grita y de la Fundación Batuta hayan tenido que acudir a procesos judiciales por deudas que desde el 2019 tiene con ellos el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
Esta situación no es nueva en el ICTM en este cuatrienio, ya ha ocurrido con otros eventos de ciudad y con personas y artistas a los que les han retrasado pagos. De los tres eventos en mención, el Festival Grita es el más costoso con $230 millones adeudados desde el 2019, pero el problema no para ahí. El afectado, como era de esperarse, acudió a acciones legales para hacer valer sus derechos y están en curso. La demanda que presentó Grita ya tiene sentencia de un juez de la República ordenando al ICTM a pagar, y ni los dos recursos que ese Instituto ha radicado en este proceso han tenido efecto y el fallo sigue igual a favor de los afectados.
Lo que al 31 de julio del 2023 adeuda el ICTM a Grita son por lo menos $584 millones si a esa deuda se le suman los intereses moratorios causados. Se dejó duplicar el compromiso inicial y a esa fecha son $354 millones más, sin tener en cuenta las Agencias en Derecho, que serían $6 millones 900 mil para el pago de honorarios de abogados. Pagar intereses moratorios injustificados puede configurar un detrimento patrimonial, ya que cuando se firma un contrato estatal se tiene que tener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. En el caso del Festival de Teatro también hay demanda con fallo que ordena el pago, y Batuta intentó una conciliación, pero adelanta un proceso judicial ante la imposibilidad de llegar a acuerdos.
De poco sirve la posición del ICTM al manifestar que en el 2019 se comprometieron recursos que esa dependencia no tenía y no se evidenció cumplimiento pleno en dichos contratos, por lo que tuvieron que entrar a revisar como requisito para pagar, sin desfinanciar convenios actuales. Fueron obligaciones contraídas, así haya sido otra Administración, y se deben cancelar, más allá de irregularidades que si se cometieron o no deben examinar los organismos de control y llevarlas hasta establecer responsabilidades.

El ICTM asegura que al sector cultural ya le canceló unos $200 millones de obligaciones del 2019, cifra exigua si a solo tres eventos -los dos festivales y Batuta- les debe $450 millones. Se espera que no llegue a ser cierto lo que exponen externos, que al Instituto le ha faltado voluntad solo porque el contratante fue la anterior Alcaldía, pero fueron contratos cumplidos, que tienen informes de interventoría y facturas que sustentan lo ejecutado, lo que quiere decir que hubiesen podido pagar antes sin incurrir en una demora de cuatro años.