El escándalo e investigación en los que está inmerso el caldense Óscar Iván Zuluaga Escobar, exalcalde de Pensilvania, fundador del Centro Democrático, exministro de Hacienda, exsenador y excandidato presidencial por este Partido, ha puesto a dudar a más de uno. La punta de lanza fueron unos audios que difundió la revista Semana de conversaciones con Zuluaga grabadas ilegalmente por Daniel García Arizabaleta, miembro del Centro Democrático. Allí se menciona el ingreso de 1,6 millones de dólares a la campaña presidencial en el 2014, dinero que no se reportó al Consejo Nacional Electoral.
El asunto está en manos de la justicia, así Zuluaga en procesos anteriores haya negado haber recibido dineros de la empresa brasileña Odebrecht, que habría girado buena parte de esos dineros. En audiencia de imputación el lunes, la Fiscalía argumentó que él y miembros de su campaña se habrían reunido con directivos de Odebrecht para esa época en Brasil y Colombia a definir el aporte que permitió pagar los servicios de publicidad a la firma del brasileño conocido como Duda Mendoça -ya fallecido-. Según la Fiscalía, con fraudes y engaños esta campaña habría accedido a la reposición de votos, que llegó a $25.291 millones.
El ente investigador acusa a Zuluaga de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito; caso que también involucra a su hijo David, que fungió como jefe de campaña y a quien le atribuyen fraude procesal. Ninguno aceptó cargos y con ello la investigación continúa, pero la juez advirtió que ninguno puede enajenar bienes porque de aceptar posteriormente enriquecimiento ilícito deben devolver el 50% de lo que recibieron. Esta noticia ha caído como baldado de agua fría. Zuluaga, en Caldas, llegó a ser un líder confiable en la política y en la administración, de quien no se dudaba de su honestidad. Si bien padre e hijo siguen gozando de la presunción de inocencia hasta que la justicia les demuestre lo contrario, lo sucedido deja un fuerte sinsabor y decepción entre sus seguidores y en la sociedad. Deberán asumir las consecuencias de los actos cometidos, si la justicia se los comprueba.
No obstante, es necesario llegar al fondo en Colombia con el entramado de Odebrecht, por cuyos procederes non sanctos se ha señalado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, a través del Ñoño Elías, que acaba de salir de prisión. También le sucedió a Iván Duque con presuntos dineros del ganadero Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil por posibles vínculos con el narcotráfico. La justicia debe operar con el mismo rasero con todos.

Las campañas políticas se volvieron tan costosas que no se libran de acusaciones por la procedencia de los dineros para desarrollarlas. Los topes parecen no importar, se deja una puerta trasera para que candidatos, de todos los niveles, y quienes los apoyan se vean tentados a dejar entrar recursos de más sin reportarlos. Hoy una campaña exige miles de millones de pesos para sufragar todos sus gastos, lo que afecta el equilibrio de oportunidades democráticas. Para evitar estos excesos, se requiere de cambios en el sistema político y que la justicia penalice a fondo a todo el que incurra en este tipo de delitos. Ah, y claro, recuperar la ética en lo público.