Lo que dijo Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, sobre la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del delantero de la Selección Colombia secuestrado durante 12 días por la guerrilla del Eln, dejó perplejos a los que lo escucharon: “Ya no es excusa el secuestro. No podemos aceptarlo como excusa, pero tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, pues hay que buscar la solución. De qué van a vivir”.
¿De qué van a vivir, ministro?, pues de los recursos que, seguramente, ya tiene disponibles el Gobierno para su política de Paz Total, como han hecho otros procesos en Colombia dirigidos a la reintegración y la reinserción de quienes dejan las armas y firman acuerdos de paz. Ministro, los colombianos ya hemos vivido durante por lo menos cinco décadas la cruda violencia de los grupos armados, hemos tenido que soportar y padecer sus economías ilegales y sus métodos para “conseguir” recursos: secuestros, extorsiones, asesinatos, cobro de vacunas, ataques armados, tráfico de drogas. Todos con consecuencias asociadas a la alteración de la seguridad y el orden público.
Tras la puesta en marcha de una reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro, que tiene ahorcados los bolsillos y la economía de todos los colombianos, la decisión no puede ser que el pueblo tenga que salir a financiar a cualquier grupo armado, llámese Eln, Farc Emc, paramilitares, autodefensas que viven de las prácticas delictivas, contraviniendo derechos que otorga la Constitución Nacional. Si el Eln, que está sentado en una mesa de diálogo con el Gobierno supuestamente con el ánimo de llegar a un acuerdo de paz, vulnera lo pactado y sigue secuestrando personas como modo de supervivencia, no es responsabilidad de la sociedad civil, que es víctima de estas actuaciones. Mucho menos tener que pagar cuantiosas sumas, si es cierto que se hizo para que liberaran al señor Díaz.
Más bien el Gobierno debería estar firme y del lado de sus gobernados, protegiéndolos de delincuentes a través de la acción de la Fuerza Pública, que tiene que estar en todos los territorios garantizando la seguridad. Centrarse además en reclamarles a estas guerrillas y grupos armados que cumplan lo acordado, y que si quieren los beneficios de un proceso de paz, que incluye pagos a los reinsertados, tiene que ser abandonando delitos como el secuestro y los demás que ya mencionamos. El Gobierno, ministro Velasco, no puede seguir siendo laxo con ningún armado ilegal. Tiene que exigir para sentarse a dialogar.
El secuestro es de lo peor que puede vivir un ser humano, que lo priven de sus libertades bajo la amenaza de las armas y la fuerza de los violentos, lo deja en una situación de indefensión y lo minimiza física y espiritualmente. Al contrario señor, ministro del Interior, deberían estar buscando recursos, pero para fortalecer la defensa nacional, la protección de la ciudadanía, las Fuerzas Militares y de Policía. Pagar para que los grupos armados dejen de delinquir sería como caer, ahí sí de verdad, en un entrampamiento.
