Hoy es el primer Día del Trabajo en el mandato de Gustavo Petro, denominado Gobierno del Cambio, y busca conmemorarlo convocando a movilizaciones de sindicatos, de líderes comunales y de ciudadanos pidiendo respaldo a sus reformas. Errada y peligrosa estrategia la del presidente, quien parece creer que sigue en campaña con las mismas medidas populistas que caracterizaron su trabajo para llegar al cargo. Ya es el presidente de los colombianos. Debe asumir las cosas de otra forma, cuidar la seguridad del país y, como su cabeza, centrarse en resolver de la mejor manera los problemas laborales sin lesionar a nadie, ni a los trabajadores, ni a los generadores de empleo.
Creemos que la conmemoración de esta fecha se da con más expectativas que certezas, producto de lo que plantea el proyecto de Reforma Laboral que la ministra de Trabajo, la caldense Gloria Inés Ramírez Ríos, radicó en el Congreso de la República para su aprobación. Contrario a otras transformaciones que busca hacer el Gobierno nacional, en la laboral se han permitido discusiones más tranquilas con gremios, sectores económicos y sindicatos, que con seguridad llevarán a buen término la iniciativa desde que se tengan en cuenta recomendaciones técnicas para mejorar su contenido.
Bajo esta perspectiva, los congresistas deben actuar con ponderación. La reforma parte de un concepto de estabilidad laboral y plantea, entre otras cosas, pagar los recargos dominicales al 100%, volver al recargo nocturno desde las 6:00 de la tarde, bajar a 42 las horas semanales trabajadas, limitar la prestación de servicios únicamente a servicios especializados, contratos especiales a término fijo, licencias de paternidad de 12 semanas, reintegrar dos horas de recreación y deporte, además derecho de asociación, negociación y huelga.
Para los trabajadores es el mundo laboral ideal, pero Colombia no tiene la riqueza suficiente para hacerlo. Así como está el proyecto lesionaría y muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas por los costos que significa acogerse y mantener los requerimientos que se están planteando. Se golpearía la generación de empleo formal, las nuevas formas de trabajo y estimularía más bien la creciente informalidad laboral que hay en el país con dañinos efectos sobre los trabajadores, sometidos en esa modalidad a todo tipo de explotación. A eso le debe apostar cualquier cambio; a regular, a controlar y a sancionar a quienes incumplen.

Innegable que el país necesita modificaciones a su sistema laboral, pero poniéndose también en los zapatos de los empleadores, ya inmersos en las exigencias de la reforma tributaria que puso a regir el Gobierno Petro desde el año pasado y que paulatinamente ha ido generado difíciles imposiciones para los empresarios. Se le suma que hay una reforma pensional también en camino y sería demasiado riesgoso para la economía seguir presionando el sector. Se podría apostar a hacer cambios graduales, como se está haciendo con la Tributaria, comenzar con lo que los estudios del proyecto hayan arrojado como más prioritario. Sin empresas, por pequeñas que sean, no habrá más trabajo, y el Estado, solo, no es capaz de generarlo para todos.