En entredicho están cerca de un millón de cédulas de ciudadanía en Colombia inscritas para que sus dueños puedan votar en las elecciones del próximo 29 de octubre. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo comprobar, hasta ahora, que efectivamente el nuevo lugar de inscripción sea el de residencia, como lo estipula la ley. Así lo difundió la Registraduría en un comité de seguimiento electoral nacional, en el que se expresó preocupación. Los afectados ya fueron notificados en unos 100 municipios de todo el país y ninguno de los 27 de Caldas fue parte de la excepción.
Las inscripciones empezaron en octubre del año pasado en puntos que la Registraduría Nacional habilitó para quienes ante el cambio de lugar de residencia pudieran votar en sitios cercanos. El Artículo 316 de la Constitución indica que en las votaciones para autoridades locales solo podrán participar ciudadanos residentes en el respectivo municipio, y eso es lo que está en duda. Además, el Artículo 4 de la Ley 163 de 1994 señala que la residencia es donde se encuentre registrado el votante en un censo electoral, que es el que muestra quiénes van a votar y en dónde. Al inscribirse, el votante está declarando, bajo la gravedad de juramento, esta información. De allí lo delicado de todos los casos.
Los implicados ya fueron notificados con la publicación de resoluciones que expidió el CNE, que fueron enviadas a las registradurías de departamentos y municipios. El CNE es el único con la facultad de investigar y dar de baja a la inscripción de las cédulas que no logren comprobar su residencia. Los involucrados tienen hasta cinco días, después de la publicación, para presentar recurso de reposición. Pero a quienes definitivamente les den de baja quedan expuestos a ser objeto de procesos con alcance penal en la Fiscalía o disciplinarios en la Procuraduría. Esto es porque se puede estar configurando el delito de trashumancia electoral, más conocido como trasteo de votos de un municipio para que voten en otro, en el que no residen, y sean otros los que obtengan ventajas ilegítimas inflando el censo electoral.
En Caldas se inscribieron 56.623 personas en los 27 municipios y encontraron 13.746 cédulas que habrían incurrido en fraude electoral. Villamaría sería el de mayor incidencia, con 2.962 cédulas; en Manizales encontraron 1.628, y donde menos hubo fue en Aguadas, con 60. El caso de Villamaría es complejo porque el CNE detectó que se inscribieron personas con censo o Sisbén en municipios de los departamentos de Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Casanare y Guaviare; lo que no debe dejar tranquilo a nadie, mucho menos a las autoridades porque muy seguramente algo irregular está ocurriendo y lo deben detectar y castigar como señala la ley.

Esto sucede a un mes de las elecciones, en medio de lo que se puede denominar un choque de trenes entre el CNE y la Registraduría que asegura haberle informado a este organismo con tiempo del total de inscritos para que sacara las resoluciones de trashumancia, que requieren un tiempo por ser un proceso administrativo. Además, la Registraduría debe cerrar el censo electoral, que es la columna vertebral de una elección, dos meses antes, pero la queja es que aunque se lo solicitaron el CNE se demoró y siguió expidiendo resoluciones. Estos 30 días no serán tiempo suficiente para agotar la vía administrativa y decidir los recursos de reposición, por ello muy seguramente muchos se quedarán sin votar donde lo solicitaron y lo más grave, sin aclararse si fue legal o no el trámite que hicieron.