En nuestra sociedad se volvió común que la violencia esté presente y a muchas de sus manifestaciones ya se les denomina hechos de intolerancia, pero cada caso es igual de rechazable, sea de quien provenga y como se concrete. Lo decimos a propósito de los ataques de ciudadanos a miembros de la Policía y autoridades de tránsito, que se han vuelto comunes y que el Código Penal castiga con prisión para todo aquel que ejerza violencia contra servidor público por razón de sus funciones o por obligarlo a ejecutar u omitir acto propio de su cargo o a realizar lo contrario a sus deberes oficiales. Las penas están definidas entre cuatro y ocho años.
Inaudito el proceder de un hombre en Manizales la semana pasada, cuando reconoció a un agente de tránsito mientras hacía un control de mal parqueo en un sector del barrio El Carmen. Lo identificó como el que le había impuesto cuatro años atrás un comparendo por no tener al día el SOAT ni la revisión técnico mecánica de su moto, y por eso lo golpeó con una varilla en el cuerpo. El agente, en su reacción de defensa, le respondió con puños y el hombre le mordió un brazo. Así estamos y hay más casos que se describen en un informe que publicó LA PATRIA sobre agresiones a uniformados, en los que para proteger la vida en medio de operativos no les queda otra cosa que dejar libres a los delincuentes que son defendidos por las comunidades.
Ni la entrada en vigencia del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ni los métodos que la Policía Nacional aplica en reconocimiento de los Derechos Humanos para acercarse de una mejor manera a las comunidades han logrado comportamientos más pacíficos y reducir los diferentes tipos de violencia. Este año en Manizales y Villamaría se han impuesto 414 órdenes de comparendo por comportamientos agresivos o temerarios contra autoridades de Policía, lo que representa seis casos más que el año pasado y eso se traduce en la tensa relación policía-ciudadanía porque no hay confianza entre las partes.
En menor proporción hay respeto como seres humanos, que es donde está la clave del trato entre personas. Benito Juárez, jurista, político liberal y expresidente mexicano, expresó en su manifiesto del triunfo como República en 1867: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Por eso, lo mismo se pide desde la otra orilla, cuando ocurren excesos de autoridad y uso desmedido de la fuerza contra la población civil, y son los uniformados los que arremeten sin medida sobre los ciudadanos. La ley debe aplicarse en toda su extensión a esos servidores que no limitan su actuar hasta donde lo determina la Constitución, solo así no se dejará en la impunidad ningún caso probado.

La fuerza pública debe seguir un protocolo determinado, en el que el uso del arma de fuego es el último recurso que debe emplear en un procedimiento, igual que corregir y reprender. La población civil, por su parte, también debe cumplir deberes ciudadanos, no todo está permitido por más que se quiera vivir en libertad plena. Las leyes en Colombia determinan penas y sanciones para quien incurra en delitos e infracciones, es lo lógico y así lo debemos entender todos: policías, autoridades y ciudadanos.