El Banco Mundial (BM) publicó a finales del 2021 un análisis en el que Colombia aparece como el segundo país más desigual de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre 75 países miembros. La deshonrosa posición se debe a las arraigadas y seculares brechas que existen entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre habitantes de zonas urbanas y los que lo hacen en las rurales. Esta amalgama que no cede lleva al BM a afirmar también que aquí los hijos de los pobres están condenados a la pobreza, calcula que una familia demoraría 11 generaciones en salir de esa condición.
Esta y otras estadísticas movieron al presidente, Gustavo Petro, a formular desde su campaña, que luego quedó establecido en su Programa de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la creación de un Ministerio de la Igualdad y la Equidad en Colombia. En enero recibió la aprobación del Congreso de la República y la semana pasada posesionó a la vicepresidenta, Francia Márquez, como la primera ministra de esta cartera. En ella recae la responsabilidad de cerrar estas diferencias sociales y económicas en regiones vulnerables que llevan años de dificultades y esperando la presencia del Estado para superar la desigualdad.
Para reglamentar el funcionamiento del nuevo Ministerio, el presidente expidió decretos que integran el sector administrativo de igualdad y equidad, adoptan la estructura de dicho departamento y establecen su planta de personal. La vicepresidenta está en el deber de caminar con pies de plomo. Se trata de una nueva dependencia en la que millones de colombianos tienen depositadas las esperanzas para salir de difíciles situaciones, también porque es una promesa a los que llevaron a este Gobierno al poder y esperan no sentirse defraudados. Cuentan con que en estos tres años que vienen haya resultados y sean muchos los que mejoren su calidad de vida.
No obstante, en los primeros pasos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad ya hay reparos por los 744 cargos que tendrá. Se habla de cinco viceministerios: de las Mujeres, de la Juventud, para las Poblaciones y Territorios Excluidos, de las Diversidades, y el de Pueblos Étnicos y Campesinos. Todos se requieren para ejecutar políticas públicas y programas que protejan derechos sociales y económicos, pero otra cosa es excederse en burocracia y eso le advierten al Gobierno. El exministro de Hacienda de Petro, José Antonio Ocampo, escribió por Twitter que la estructura propuesta no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No con 5, sino con máximo dos viceministerios; no con 20 direcciones generales, sino con unas 5, y ningún delegado en los departamentos.
El Gobierno piensa en un superministerio que tendrá además 8 asesores, 20 directores técnicos, 32 directores territoriales, 8 jefes de oficina, 307 profesionales especializados, 154 profesionales universitarios, 58 auxiliares administrativos, 111 técnicos administrativos, entre otros cargos. Manejará un presupuesto de $500 mil millones. Entidades como el ICBF, el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos quedarán adscritos a él. Se descartó que Prosperidad Social quede incluido. Con esta estructura, el Gobierno tendrá que ser muy sensato para no prometer más de lo que pueda hacer. Salir de condiciones de marginalidad no es fácil, es un proceso de años y requiere muchos recursos, por eso es que debe actuar con la máxima austeridad, el mayor tecnicismo y lejos de la politiquería, que es el gran temor de los detractores de esta nueva dependencia nacional.
