Las pérdidas diarias por el bloqueo de la vía hacia el puerto de Buenaventura se calculan entre los $5 mil y los $10 mil millones. Aunque ayer hubo un despeje temporal de la carretera, los daños causados al sistema productivo nacional desde que comenzaron los bloqueos siguen en ascenso, y todavía no se percibe una intervención efectiva del Gobierno Nacional que permita superar la difícil coyuntura.
Miembros de comunidades indígenas y damnificados por el invierno vienen haciendo bloqueos en los sectores de Cisneros y La Delfina, para exigir soluciones a las consecuencias de las lluvias que los han llevado a quedarse sin techo y hasta perderlo todo. No hay duda de que es necesario prestar ayuda a estas personas, pero también es verdad que los bloqueos solo profundizan los problemas en lugar de remediarlos.
Si se tiene en cuenta que la movilidad hacia Buenaventura viene afectada desde el 27 de octubre, cuando deslizamientos sacaron de funcionamiento la vía Simón Bolívar. Ahora se suma el problema de los bloqueos, que incidirán en los ya elevados precios de los productos. La afectación es gigantesca, ya que por ese puerto sobre el Pacífico se mueven 50 mil toneladas diarias de carga, y el 37% del comercio exterior colombiano pasa por Buenaventura. Los sectores del turismo, comercio y logística se perjudican de manera especial.
Es necesario que el Gobierno Nacional intervenga de manera efectiva inmediatamente, no solo para buscar soluciones a quienes protestan, sino para despejar las vías haciendo uso de la Fuerza Pública, si es necesario. En medio de las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el país no es pertinente dar más largas a esta situación. Es claro que los bloqueos son expresiones de violencia que no deben ser toleradas, y que siempre hay que buscar por las herramientas pacíficas las soluciones a problemas innegables.
Además de esto, Colombia está viviendo momentos delicados para la seguridad, que compromete la tranquilidad de los pobladores en regiones como el Putumayo, el Norte de Santander y Arauca, entre otras. No solo han ocurrido masacres, quemas de camiones y ataques a la población civil, sino que los supuestos compromisos de bandas criminales que han dicho estar interesadas en contribuir a la llamada Paz Total no se están viendo. Si no hay voluntad de paz, poniéndole fin a la violencia, no será aceptable que el Ejecutivo emprenda ningún proceso que facilite la desmovilización y sometimiento de esas agrupaciones armadas ilegales.

Tampoco está bien que, ante la citación al Senado del pasado martes al ministro de Defensa, Iván Vásquez, para que explicara lo que está haciendo el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los colombianos, el alto funcionario y los altos mandos de las Fuerzas Militares no se hayan hecho presentes. Se necesitan acciones y respuestas claras para que la inseguridad no se siga expandiendo como lo está haciendo. Nuestros militares no pueden quedarse quietos frente a lo que está ocurriendo, se necesita una reacción contundente, enmarcada, desde luego, en los derechos humanos.