La escogencia del próximo contralor departamental de Caldas es un proceso cada vez más lleno de vicisitudes jurídicas e incertidumbres políticas. Hace poco más de una semana se anunció, desde la Asamblea de Caldas, que ya estaba integrada la terna de la que saldrá el nombre del próximo funcionario, luego de un proceso de selección en el que se inscribieron 79 personas, de las cuales 65 presentaron prueba de conocimiento y que solo aprobaron 9, según la información rendida por el jurídico de la corporación. Sin embargo, un par de días después una nueva tutela congeló el proceso en una decisión preventiva.
Los nombres de los seleccionados para la terna originalmente son Fabio Andrés García Bedoya, Humberto García Vega y Diana Constanza Mejía Grand, que para varios diputados son cercanos al Gobierno Departamental al que van a llegar a hacer control. Seguramente las hojas de vida estudiadas son de personas muy competentes y en el papel y en el diseño de todo el proceso las cosas están dadas para que se elija al mejor, pero tenemos que decir que, independiente de los nombres, este sistema de elección ha resultado farragoso y no garantiza de ninguna manera la independencia del elegido o elegida. Resta esperar que se dé el fallo de las dos tutelas en camino, para saber si esta sí es la terna definitiva de la que saldrá quien suceda al actual contralor. Esa persona no puede transigir o sentirse en deuda con sus electores, los diputados. Esto es lo que ha impedido algún tipo de idoneidad de ese organismo.
Falta volver al libro Colombia Amarga, escrito hace más de 50 años por Germán Castro Caycedo, para confirmar que las contralorías están hechas para que no funcionen, solo para garantizar una burocracia que se maneja como moneda de cambio con los políticos que ahora resultaron, además, electores, función con la que han obtenido un doble premio. Las contralorías no deberían existir por muchos motivos, entre otros, porque hay duplicidad de funciones; existen tanto la municipal en ciudades como Manizales, la departamental en cada departamento y la nacional y ninguna es subalterna de la otra. Tampoco, porque simplemente fue el único punto aprobado en el fallido referendo de Álvaro Uribe hace 20 años. Son inanes en la labor de control que cumplen. Los pocos recursos que alguna vez logran recuperar para el Estado no alcanzan a pagar una mínima parte de su abultada burocracia.
¿Para qué unas ías separadas que investigan por lo penal una entidad, la Fiscalía; por lo disciplinario otra, la Procuraduría o Personería, y por lo fiscal, una más, la poco eficiente Contraloría? A pesar de las muchas normas que se han reescrito con el fin de que estos entes compartan el proceso instructivo, que trabajen bajo el principio de armonía administrativa, la realidad es que sigue siendo una forma de evitar que se llegue al fondo de los asuntos. Desaparecer las contralorías ahorraría recursos importantes al Estado, disminuiría la transacción clientelista con las corporaciones públicas y ejecutivos, mientras que otro organismo podría adoptar sus funciones. Claro, también lo sabemos, quién le pondrá el cascabel al gato. No aparece ratón para semejante faena.