Se volvió un galimatías jurídico la elección de contralor de Caldas. La Asamblea Departamental lo tenía que haber escogido en el año 2021 para que iniciara su periodo oficial de cuatro años desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2025, pero ya transcurrieron 18 meses y medio y el proceso sigue suspendido por orden judicial. Si las partes responsables de escoger han cumplido su deber y los requerimientos legales, como lo sostienen, por qué entonces la designación sigue parada por medidas cautelares solicitadas en demandas que han interpuesto aspirantes al cargo y ciudadanos que tienen algún interés en esa posición.
Todo ciudadano tiene derecho a demandar y a que le expliquen razones; sin embargo, en esta elección se ha acudido a ocupar la justicia de forma excesiva, ya son 45 acciones las que se han interpuesto entre tutelas, acciones populares y demandas de nulidad simple. Desde el inicio de la convocatoria, el 6 de septiembre del 2021, todavía sin cerrar inscripciones de aspirantes, un juez admitió la primera tutela y a partir de ahí se han dado las demás, incluso de funcionarios de esa Contraloría.
El 1 de enero del año pasado la Asamblea encargó de ese puesto a Diego Alejandro Tapasco, subcontralor departamental, que participó en la convocatoria pero no quedó en la terna tras la presentación de una prueba de conocimientos y la revisión de hojas de vida y antecedentes, fases que ejecutaron esa corporación y la Universidad del Atlántico, salpicadas por presuntas irregularidades formuladas por los demandantes. Si este organismo en Caldas ha funcionado sin alteraciones, según confirma Tapasco, que sigue también ocupando su puesto inicial, indica que no se requieren los dos cargos. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay que revisar si es que no son necesarias las contralorías y sus funciones las pueden asumir otros organismos del Estado.
Pero si por acá llueve, a nivel nacional no escampa con respecto al contralor General de la República. El Consejo de Estado ratificó la nulidad en la elección de Carlos Hernán Rodríguez, nombrado por mayorías petristas en el Congreso, al encontrar que hubo irregularidades en su designación al elaborar una tercera lista de elegibles y variar los parámetros de calificación iniciales, sin justificación. El Congreso, en la legislatura que empieza este 20 de julio, tendrá que incluir la elección de un nuevo contralor nacional, pero ahora lo tendrá que hacer con mayorías de Gobierno menguadas y de quienes piden evitar nombrar un contralor de bolsillo, aunque la elección de los contralores en Colombia siempre ha pasado por intereses políticos y se las ingenian para que queden a quienes necesitan en esos cargos.

En Caldas hay que seguir esperando las decisiones de jueces y magistrados, pero es claro que los ternados y el resto de aspirantes perdieron ya un año y medio. Hay una demanda de nulidad simple en curso que tiene frenado el proceso por medida cautelar, debe responder si son nulos o no los actos que soportan esta convocatoria, y habría dos posibilidades: repetir lo hecho o reiniciar en el punto en que quedó. En situaciones similares están también otros departamentos, donde las convocatorias para elegir contralores fueron demandadas y no hay titulares todavía. Si esos fallos son este año se tendrá que escoger en medio de las elecciones regionales, todavía más riesgoso. Siguen entonces negros y densos nubarrones para esta retrasada elección de quienes tienen como función el control del Estado.