Nada justifica que dos días antes de que el presidente Petro firmara el decreto de cese al fuego bilateral, el Eln se haya extralimitado en sus acciones delictivas y la emprendiera contra miembros de la Fuerza Pública y civiles, en una advertencia para el país de lo que puede llegar a hacer con sus hombres, armamento y estrategias de guerra. Es inverosímil que esto ocurra en medio de los ciclos de conversaciones dirigidos, supuestamente, a la firma de un acuerdo de paz y a pesar de que el país haya visto el apretón de manos entre su máximo líder, Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, y el mandatario nacional como signo del cese al fuego pactado el 9 de junio.
El Eln no ha dado muestras de pacificación, ha incurrido y lo señalan de hechos delictivos en los últimos días en Norte de Santander, límites con Venezuela, donde se concentra buena parte de esa guerrilla. Secuestró en una vía de Arauca a una sargento del Ejército y a sus dos hijos, de 6 y 8 años, uno con autismo. En una carretera de Tibú un patrullero de la Policía fue asesinado en un retén de seguridad y horas después cuatro hombres armados dispararon contra dos patrulleros de la Policía en el municipio de Zulia, les quitaron sus armas de dotación y huyeron. También fueron hallados tres aparatos explosivos, uno cerca a un centro comercial y dos en medio de una carretera. Eran cilindros pintados con los colores e iniciales del Eln.
¿Así es que quiere el Eln llegar a la paz?, ¿cuál es su lógica?, ¿qué es lo que realmente pretende esa guerrilla?, ¿se está burlando del Gobierno y del Estado en su totalidad cuando, a pesar de comprometerse a no actuar con violencia, acude a ella como modo de reconocimiento? Hay dolor en la Fuerza Pública por estos golpes, pero hay más miedo de la sociedad civil de que la situación se siga saliendo del control y las manos de las autoridades. El presidente Petro y su gabinete, pero en especial su ministro de Defensa, Iván Velásquez, tienen que actuar de inmediato y con firmeza para defender los principios constitucionales y proteger a la población; en especial la que vive en el nororiente colombiano, que está asustada porque se siente indefensa. Pero ese sentimiento embarga a todo el país.
Una gruesa responsabilidad tienen con Colombia quienes van a asumir como verificadores de lo acordado, pues se incluyó un mecanismo de monitoreo y verificación de carácter técnico para el cese al fuego bilateral, temporal y nacional, que actuarán acompañados de una veeduría social. Ese mecanismo en sus instancias local, regional y nacional integrado por delegados del Gobierno (Fuerza Pública y Alto Comisionado para la Paz), Eln, Iglesia Católica y ONU deben tener el talante suficiente y la capacidad de conceptuar con veracidad y sin tapujos si se está cumpliendo o no lo acordado, y sugerir si es necesario levantar el cese en cualquier momento por incumplimiento. Solo así la sociedad civil podrá tener confianza en este proceso, del que tanto se duda.

El Gobierno no puede conceder más beneficios a quienes no dan muestras de paz, como lo promulgan en público, pero cometen atrocidades contra el pueblo. El presidente Petro ya le cumplió al Eln al firmar el decreto en el que ordena que a partir de las cero horas de ayer se suspendan las operaciones ofensivas militares contra miembros de esa guerrilla, periodo que va hasta el 29 de enero del 2024 y puede ser prorrogable tras la valoración de la mesa de diálogos de paz a los informes del mecanismo de monitoreo y verificación. Ahora, ¿cómo es que va a cumplir el Eln lo pactado, tenemos que esperar los colombianos más muertes, secuestros y amenazas, porque así es que se imagina la paz?