La Cámara de Representantes aprobó el martes en sexto debate, de ocho reglamentarios que debe surtir este proyecto de reforma constitucional, la legalización del cannabis para uso recreativo de adultos en Colombia que incluye la compra, venta, distribución y comercialización de este producto y sus derivados. Requería 95 votos y hubo 98 a favor, sustentados en que traerá beneficios económicos, en salud y para las libertades individuales; contra 57 de quienes no estuvieron de acuerdo por considerarlo lesivo y peligroso. Sigue siendo un tema controversial, pero que todavía no entra a regir.
Entre los ponentes argumentan que el consumo de marihuana para mayores de edad ya lo permite la Corte a través de la dosis mínima, y que es necio seguir considerando que no se pueda adquirir legalmente porque se está es lanzando a los usuarios a comprarla en ollas expendedoras o a ser presa de redes de microtráfico; por tanto lo que falta es que despenalicen su consumo para que deje de ser delito. Del lado de los críticos, sostienen que el país no ha podido demostrar que tenga la capacidad para atender correctamente a los consumidores, catalogados sujetos de salud pública, y que las familias de los que han caído en la adicción viven serias tragedias, sin lograr salir de ese círculo. Además, que legalizar sería promover más su consumo.
La legalización se percibe como oportunidad de negocio y de generar ingresos, incluso se habla de la posibilidad de cobrar en Colombia un impuesto a la marihuana y esos recursos destinarlos a atender personas con uso problemático de drogas y a campañas de prevención. Países que lo han hecho reportan buenos resultados. Canadá logró impulsar el empleo y registró un aumento en sus ingresos tributarios gracias al desarrollo de la industria del cannabis recreativo y medicinal. En Uruguay, el primero en Suramérica en dar el paso a la legalización, los ingresos de esta industria se usan para financiar los programas de regulación del consumo.
Ahora, legalizar requiere robustecer los controles y al máximo. Hacerlo para los adultos es una opción, pero pensar que esta libertad pueda llegar de alguna manera a los menores de edad, no es aceptable. El país ha demostrado su incapacidad para controlar la venta y consumo de licor entre niños y adolescentes. Datos del DANE en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019 muestran que la población entre 12 y 65 años admitió que la marihuana es la sustancia más consumida. Malta también aprobó su legalización con fines recreativos, pero en ámbitos privados, e impone multas a quienes se les encuentra posesión de más de 7 gramos.

Antes de terminar el trámite de este proyecto se debe exigir en el Congreso una estricta reglamentación para el uso recreativo de cannabis entre adultos, contemplar sanciones severas para quienes les vendan a los menores  de edad y fortalecer la educación para ellos. Solo así se le dará un verdadero nuevo enfoque a la política de drogas en Colombia, como lo prometen los defensores, pero en especial protegerá a la infancia de seguir cayendo en el consumo. Los dos debates que le faltan a este proyecto en el Congreso recaen en el Senado para que se convierta en ley, y tienen plazo hasta el 20 de julio. De no hacerlo en este tiempo deberá ser archivado.