La renuncia de Daniel Quintero como alcalde de Medellín para irse a hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, el candidato de su partido Independientes a la Alcaldía, recordó que hace un mes el ya exalcalde de Pensilvania Jorge Orlando García también dimitió tras acusaciones de presunta participación en política para apoyar al candidato a la Alcaldía de ese municipio Gustavo Gutiérrez, Pacho. Upegui y Pacho trabajaron en algún momento en sus administraciones, pero cuando se les preguntaba por el tal apoyo, como es lógico, los exalcaldes lo negaron.
Hay que darle la razón a la procuradora general, Margarita Cabello, por llamar la atención de gobernadores y alcaldes al moverse en “zonas grises” para hacer ver que aparentemente no incumplen la ley. Explica que “se están aprovechando los vacíos que tiene la ley para transitar como equilibristas sobre la línea delgada que divide el ejercicio de la función pública y la indebida participación en política”. Son prohibiciones generales para los funcionarios públicos en los procesos electorales utilizar los cargos para apoyar una campaña o presionar a particulares o a subalternos para influir en los comicios, intervenir en política utilizando el poder a favor o en contra de un candidato, tomar parte en actividades políticas, usar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas.
Eso es lo que menciona la legislación, pero en el país, a pesar de los llamados a regular taxativamente estas conductas porque es una necesidad, no cuenta con una ley estatutaria que precise las prácticas prohibidas y las permitidas, si es que se puede permitir algo en esta materia sin comprometer el rol de un mandatario o de un funcionario, su ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos que el cargo les confiere. No pueden desprenderse del deber constitucional que les indica que tienen que gobernar para todos los ciudadanos, no solo para sus partidos y seguidores.
Se requiere es una modificación de las leyes electorales para permitir la participación en política de los funcionarios públicos en el país, pero estrictamente regulada y controlada. Que puedan asistir a reuniones y apoyar a candidatos, pero a título personal, nunca desde lo institucional ni usando los recursos del Estado, que son sagrados porque son de todos los colombianos. Eso sería llegar a una verdadera cultura política. Se acabaría con las conductas rastreras y soterradas en que hoy incurren muchos funcionarios a favor de partidos y candidaturas, porque aprendieron a hacerlo sin que se note.

Parece algo muy retador para el país, pero necesario. No es nada transparente ni ético estar en un cargo infringiendo la ley. Los exalcaldes debieron haber renunciado desde cuando decidieron tener un candidato y que estaban iniciando campaña. No estamos diciendo que hayan usado recursos públicos en estas aspiraciones, eso lo tendrá que comprobar la justicia, pero sí que hay que recordar el viejo refrán: “la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”. Estos dos dirigentes no han hecho nada por parecerlo.