El año pasado fue el peor en la historia colombiana en relación con el crecimiento de los cultivos de coca, con los que no solo se alimentan las mafias del narcotráfico, sino que dañan de manera grave nuestro medioambiente. De acuerdo con Candice Welsch, directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés) para la Región Andina y el Cono Sur, el 2021 cerró con 204.000 hectáreas sembradas con esa planta en el país. De hecho, es la cifra más alta desde que se hace esta medición, que comenzó hace 22 años.
Eso significa que, con respeto a lo que se tenía en el 2020 (143.000 hectáreas), los cultivos de coca se incrementaron el año pasado en un 43%. Eso indica que en el país se pudieron procesar el año pasado cerca de 1.400 toneladas de cocaína, un incremento del 14% con respecto a 2020. Esta es una pésima noticia que confirma que se está perdiendo la lucha contra el narcotráfico, al aplicar la misma fórmula con la que se cuenta desde hace poco más de cinco décadas.
La mayor parte de los cultivos están ubicados en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, en zonas que coinciden con graves problemas de violencia y marginamiento social y donde la Fuerza Pública, y en general, las instituciones del Estado casi que tiene escasa presencia. También en esos lugares, en el pasado, se han ejecutado estrategias de erradicación forzosa, pero sin los resultados esperados. Para la señora Welsch es claro que: “las dificultades para sostener este tipo de mecanismos y la falta de medidas complementarias que logren cambiar las condiciones de vulnerabilidad, resultaron en el aumento del área sembrada en 2021”, con el agravante que surgen, en gran medida, en zonas de reserva forestal.
En el pasado se ensayó el método de aspersión aérea de glifosato, que resultó medianamente efectivo en la erradicación de esos cultivos, pero sí bastante costoso en dinero y en daños al medioambiente y la salud de las personas, según evidencias científicas. Un análisis hecho por Dejusticia señala que entre 2005 y 2014 la aspersión costó casi $80 billones a precios de 2018. Sin embargo, las estrategias de erradicación voluntaria o de erradicación manual forzada tampoco han dado los resultados esperados. Les ha faltado una estrategia integral de sustitución que lleve a los campesinos a alejarse de la coca.
Ante esta preocupante situación, es necesario insistir en que se cambie todo el esquema de lucha contra las drogas, enfocándose en golpear las finanzas de las mafias, y con ello no solo hacer menos atractivo involucrarse en ese negocio, sino que las enormes cifras de dinero que los gobiernos gastan persiguiendo narcotraficantes y consumidores, se podrían enfocar a trabajar en la aplicación de estrategias de prevención del consumo y tratamientos adecuados para los adictos, con un propósito de salud pública. Eso podría bajar los hechos de violencia ligados al tráfico, al mismo tiempo que en el mediano plazo evitar que millones de niños y jóvenes se conviertan en consumidores.

También se evitarían los enormes daños que se le causan al medio ambiente. En ese sentido, es destacable que el gobierno estadounidense, preocupado por la expansión de los cultivos, asegure ahora que está dispuesto a “implementar un enfoque integral” en la política de drogas que atienda a la reducción de la producción y de la demanda de drogas, la protección del medioambiente, y el desarrollo y la justicia para el campo colombiano. Ojalá venga un cambio de enfoque que empiece a arrojar frutos.