El futuro de Colombia está de por medio. Hay un sentir colectivo que pide con urgencia que todos y cada uno de los que tenemos una responsabilidad mostremos altura y grandeza suficientes, independiente de ideologías y militancias políticas. Es un imperativo frenar la agresividad que se está traduciendo en violencia. Por eso, bienvenidas todas las iniciativas orientadas a reconciliar y apaciguar los ánimos, como la convocada por la Iglesia Católica que reunió a los principales representantes de los poderes públicos.
Es un logro que se le muestre al país que hay voluntad de diálogo y que es posible sentarse en la misma mesa, quienes hace apenas unos días intercambiaban críticas desobligantes. Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó con más de una hora de retraso al encuentro que presidió el cardenal Luis José Rueda; se habló y se asumieron compromisos para desescalar el lenguaje. Entre los asistentes estuvieron Efraín Cepeda, presidente del Senado; Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes; Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado; Hernán Penagos, registrador nacional; Gregorio Eljach, procurador general; Carlos Hernán Rodríguez, contralor general; Luz Adriana Camargo, fiscal general; Iris Marín, defensora del Pueblo.
La confianza está puesta en que este compromiso lo cumplan no solo quienes asistieron a la reunión, sino que se extienda a candidatos y a todas las personas con responsabilidades públicas. Escucharse y respetar las posiciones contrarias son el comienzo de un país con capacidad para buscar salidas a sus problemas más apremiantes. Ninguna de las partes, y mucho menos el presidente Petro, puede interpretar esto como que las ramas del poder público deben dejar de desempeñar sus funciones, los procesos deben continuar conforme a lo establecido por las leyes de la República, ni tampoco se está diciendo que no puede haber diferencias o controversias, sino que estas se gestionen con altura y no atacando a las personas por sus ideas.
La marcha del silencio del pasado domingo es una exigencia de miles de ciudadanos para que se paren las diferentes formas de violencia, para que las autoridades promuevan discursos de apertura y de diálogo. El Estado y la sociedad se protegen cuidando la democracia, sus instituciones, respetando la indispensable separación de poderes y sus decisiones.

Está claro que el país no puede seguir incentivando los discursos de odio. Este encuentro promete ser el primero de varios en los que participen además otros sectores sociales. Bienvenidos sean todos y hay que respaldarlos. Muy grave será si alguna de las partes de esta primera reunión olvida qué fue lo acordado y retoma sus ataques verbales por cualquier vía. Todos deben dar ejemplo y así Colombia empiece a desescalar esta absurda violencia, empezando por la verbal.