Hasta hace poco, el discurso preferido del presidente, Gustavo Petro, era decir que le querían imponer un golpe blando, pero debió dejar de hacerlo al darse cuenta de que aun sus más férreos opositores prefieren que la democracia actúe y no anticipar procesos que pueden ahondar las heridas del país. Sin embargo, el reciente llamado a las protestas desde la Presidencia con sus tales cabildos abre la incógnita de si este es el primer paso para que Petro decida atornillarse en el poder, en el que solo le quedan poco más de 14 meses.

El camino tomado por la Casa de Nariño resulta peligroso. Amenaza con socavar las instituciones y los valores democráticos. Culpar al Congreso de la no aprobación de la consulta popular y de las reformas es no entender el rol de cada organismo en el equilibrio de poderes y no reconocer que este Congreso aprobó antes el Plan de Desarrollo, presupuestos, una reforma tributaria, una reforma pensional, la creación de nuevas entidades para que el Gobierno avanzara en sus ideas. Fue la incapacidad de gestión, los actos de corrupción y las ineficiencias de funcionarios y entidades del Estado las que condujeron a la falta de confianza en las decisiones gubernamentales.

El artículo 189 de la Constitución establece con claridad: el presidente de Colombia es jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, además de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Policía. Esto es lo que le da ese carácter presidencialista a nuestro régimen democrático, que Petro no ha sabido aprovechar, preso de sus propias obsesiones y demonios y una incapacidad para lograr acuerdos para avanzar en su agenda. Ha sido incapaz de encarnar el mandato constitucional para el presidente de que simbolice la unidad nacional. Aún cree que es un congresista de la oposición y no asume como gobernante, sino como agitador político.

En lugar de aprovechar la oportunidad de ser el primer Gobierno de izquierda en el país y que pudo impulsar cambios y mejoras construyendo sobre lo construido, corrigiendo los problemas e inequidades sociales y regionales, quiere imponer una visión estatista. Antes que blindar contra la ineficiencia y la corrupción, las ha profundizado como ocurre en el sistema de salud. Ha mostrado gran improvisación en seguridad. De manera arrogante planteó que lograría una paz total en pocos meses con grupos heterogéneos, la mayoría marcados por la producción y el tráfico de drogas. Además de la falta de estrategia país en las relaciones internacionales, en las que ha priorizado sus sesgos ideológicos, a diferencia de lo hecho por los presidentes de Brasil, Chile y México.

Somos claros en que la protesta social es un derecho constitucional y debe ser respetada como expresión legítima, así sea un contrasentido que el propio Gobierno sea el que llame a una huelga general, en un rapto de insensatez. Esta decisión hace recordar necesariamente los primeros años del chavismo en Venezuela, donde se aprovechó el electorerismo para atornillarse en el poder y debilitar las instituciones democráticas. Esperemos que este no sea el primer paso para cumplir el libreto de los autócratas populistas. Los manifestantes deben protestar sin violencia y sin afectar los derechos de los demás. Los alcaldes están advertidos para que, con el apoyo de la Fuerza Pública y las comunidades que representan, preserven el orden en sus ciudades, si algunos osan agitar desmanes.

Ojalá esto no termine mal porque la responsabilidad de lo que pueda suceder es solo del presidente por no aceptar que en el juego democrático a veces se gana y a veces se pierde. Es hora de la sensatez y el primero en dar ejemplo debería ser el propio Petro. Su Gobierno aún podría buscar un diálogo con otras fuerzas políticas, económicas y sociales del país, pero su tozudez se lo impide. Prefiere aprovechar el momento preelectoral para agitar las aguas y mantener la confrontación. Confiamos en que no sea una excusa para buscar quedarse en la Casa de Nariño.