Resulta imperativo que el actual Gobierno nacional, así esté a 10 meses de concluir el cuatrienio, haga un replanteamiento de la política de vivienda y reactive lo antes posible programas como Mi Casa Ya, de los que se conocen sus buenos resultados.
A los detractores de los proyectos de infraestructura hay que recordarles que no solo se tratan de extender cemento, las obras de este tipo siempre van más allá porque terminan transformando, para bien, la calidad de vida de los beneficiarios y de toda la cadena de los que quienes intervienen en su ejecución. Las acciones en su contra se reflejan directamente en estancamiento, sobre todo de proyectos de vida, que es lo que les está tocando vivir a los jóvenes que intentan comprar hoy una vivienda propia sin contar ya con las ayudas estatales, sin tasas de interés que favorezcan hacer este tipo de transacciones y con una oferta costosa como ocurre en Manizales.
Los jóvenes que buscan adquirir vivienda, sea nueva o usada, no deberían verse obligados a tener que aplazar por años las metas que se han propuesto, como lo registró LA PATRIA en un informe publicado el domingo, engrosando el porcentaje de arrendatarios ante las dificultades económicas para su acceso. En el Informe de Calidad de Vida 2024, elaborado por Manizales Cómo Vamos, se observa que el 46% de quienes residen en la ciudad vive en arrendamiento, ahí seguramente se encuentran muchos de nuestros jóvenes profesionales que deberían estar teniendo más opciones y oportunidades de tener vivienda propia en cualquier modalidad.
El sector de la construcción ha sido de los más golpeados en el periodo del presidente Petro, con medidas de alto impacto negativo como la terminación del programa Mi Casa Ya, que venía de gobiernos anteriores brindando la posibilidad de otorgar subsidios como este no solo a jóvenes, también a familias que buscaban hacerse a una casa o un apartamento. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), hace un año, advertía de los riesgos para el sector por decisiones como la reducción en la disponibilidad de subsidios y medidas arancelarias que dificultaban la capacidad para producir especialmente viviendas de interés social, ubicando para ese momento el ritmo constructor de vivienda por debajo de las 55 mil para el 2025, un número cercano al que se tuvo entre 2010 y 2011, pero además con la pérdida de puestos de trabajo que se generan con la ejecución de obras.
Resulta imperativo que el actual Gobierno nacional, así esté a 10 meses de concluir el cuatrienio, haga un replanteamiento de la política de vivienda y reactive lo antes posible programas como Mi Casa Ya, de los que se conocen sus buenos resultados para la economía y para quienes buscan hacer este tipo de inversiones. Solo así se evitará profundizar más la caída en la producción de vivienda en Colombia.

192 millones 172 mil 500 pesos es el valor tope actual de una vivienda de interés social en cualquiera de las tres ciudades del Eje Cafetero, que corresponde a 135 salarios mínimos, y para un jóven recién vinculado laboralmente es un precio muy elevado si tiene que asumirlo sin ayuda. Por eso es tan importante que el Estado mantenga este tipo de apoyos, es una necedad seguir insistiendo en que solo van orientados a engrosar las arcas de los más poderosos. Los gobiernos deben ver la vivienda como un derecho para todos los ciudadanos, por ahí se empieza a reducir la desigualdad y la pobreza.