A 3 meses y 12 días de que se desarrollen las elecciones regionales del 29 de octubre se espera que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, las personerías y Consejo Nacional Electoral tengan en ejecución su andamiaje administrativo y sus planes para vigilar este proceso e intervenir cuando se presentan o denuncian irregularidades. El calendario electoral dispuso el 29 de junio como inicio de la inscripción de candidatos y la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales que impone restricciones a la administración pública. Pero en Caldas vienen sucediendo graves hechos, que parece se están dejando pasar por alto, como si nada estuviera sucediendo.
Se conoce hasta ahora de tres precandidatos, de distintos grupos y partidos, amenazados por su actividad electoral. Dos a alcaldías, Anserma y Riosucio, y una al Concejo de Neira. Una intimidación verbal en un espacio público al que llegaron motociclistas exigiendo renunciar a la aspiración, como pasó en Anserma; el precandidato de Riosucio advertido con un panfleto que halló en su vehículo anunciándole el peligro si no se quedaba callado, tuvo que salir del municipio y radicarse en Manizales; y la precandidata de Neira, que recibió un sufragio amenazándola de muerte si continuaba con su aspiración, ella declinó. En ningún caso se conoce que la Fiscalía haya empezado a investigar. Con sobrada razón la Misión de Observación Electoral (MOE) le solicitó a este organismo acelerar la labor.
El alcalde de Pensilvania, Jorge Orlando García, negó haber participado en política. Se le ve en un video que circula por redes sociales en una reunión en la que expresa su respaldo al precandidato a la Alcaldía Gustavo Gutiérrez, conocido como Pacho. Su defensa: “el video no es actual”. El representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, que aparece con el alcalde en la mesa principal de la reunión, aunque también dice que el video es viejo, sostiene que la última visita a Pensilvania fue después de las elecciones a Congreso. Esos comicios fueron el 13 de marzo del año pasado, cuando el alcalde estaba en ejercicio. Pacho, que trabajó para esta Administración en el 2020, dice también en el video a los asistentes que quiere refrendar su candidatura con el respaldo del “alcalde”. Si no son indicios suficientes para que la Procuraduría al menos haga averiguaciones, apague y vámonos.
Otro asunto que le cabe confirmar a la Procuraduría para establecer su veracidad y determine responsables es la grave declaración que hizo Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, en la sesión plenaria del jueves en el Concejo de Manizales. Señaló que un secretario de la Administración le mandó una comunicación porque tenía que hacer un mural de un partido político con dineros del club, y al negarse lo amenazó con la continuidad del comodato del estadio. Cuando le mostraron que el tema estaba en redes sociales, cambió su versión. Dijo a la plenaria que no fue presionado, y que recibió fue una solicitud de la Administración para que el Once hiciera un mural en la fachada del Palogrande.

Todos son hechos públicos y notorios que los organismos de control e investigación, según les corresponda, deberían ya haber asumido como insumo para empezar a indagar preliminarmente; de lo contrario, quién o qué entidad entonces va a velar con sus acciones para que que se cumplan los derechos ciudadanos al acceso a una democracia libre, sin presiones y sin incurrir en delitos al sistema electoral. Los señalamientos están dados en Caldas, ahora deben venir las investigaciones.