Nada justifica que, aún con un cambio hecho por el Gobierno, los maestros tengan que seguir en un sistema que no subsana las necesidades y los requerimientos, y no propiamente por falta de recursos. 
Los docentes, activos y pensionados, no pueden pasar de mal a peor con el nuevo modelo de salud que puso a funcionar el Gobierno nacional. Vienen de un esquema en el que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) recibía la plata de las pensiones, las cesantías y las cotizaciones; la Fiduprevisora administraba estos recursos y contrataba los servicios de salud con operadores. Estos últimos no funcionaron bien y se cayó en el mal servicio. El nuevo modelo concentra las funciones en la Fiduprevisora, que ya puede contratar clínicas y hospitales.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación alertó deficiencias para implementarlo por carecer de claridad en la contratación, la logística, el presupuesto y la infraestructura, que pondría en riesgo la salud de por lo menos 800 mil personas en el país. Especial vigilancia requiere la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud, que estará en los 32 departamentos con cerca de tres mil prestadores. La Procuraduría señala necesario que el Gobierno defina su estructura y funcionamiento, el personal que se requiere, el presupuesto asignado y cómo será la supervisión. Indica que implementar este modelo aumentará significativamente los costos y podría llegar a ser inviable.
Todo ello debe ser resuelto cuanto antes por el Ministerio de Salud, que asesoró la construcción del modelo, y por las entidades comprometidas con el servicio en sus niveles de atención, desde el primario hasta los especializados y de alta complejidad, hospitalización y dispensación de medicamentos. Lo que está de por medio es la vida de los docentes y de sus beneficiarios; nada justifica que, aún con un cambio hecho por el Gobierno, los maestros tengan que seguir en un sistema que no subsana las necesidades y los requerimientos, y no propiamente por falta de recursos, pues los aportes se deben estar girando conforme con los descuentos mensuales que les hacen, sumado a lo que ingresa por copagos de servicios.
Con solo cinco días de operación, el nuevo modelo ya genera confusiones álgidas. Legalmente la Fiduprevisora, por ser una empresa financiera, dedicada a la administración de recursos, no puede ser vigilada y controlada por la Superintendencia Nacional de Salud, porque ya lo es por Superfinanciera y está vinculada al Ministerio de Hacienda. Se genera entonces un limbo jurídico, especialmente para los usuarios que deben reclamar o exigir la prestación adecuada del servicio. ¿A qué instancia deben acudir entonces?, ¿sí está habilitada la Fiduprevisora para desempeñarse en un campo tan complejo como el de la salud?

Y aunque el Minsalud sostenga que la Fiduprevisora comenzó una reestructuración interna, porque debe surtir cambios, ya debería ser un paso cumplido, incluso antes de haber puesto en ejecución este nuevo modelo para garantizar la prestación de todos los servicios de salud sin contratiempos ni demoras. Así se haya iniciado con un periodo de transición que durará tres meses, todavía falta mucha información para los usuarios. En Caldas, por ejemplo, hay dudas de cómo transitar de Cosmitet (operador saliente) a las IPS que empiezan a prestar servicios a unas 20 mil personas. El nuevo modelo de salud será una prueba de fuego que no puede resultar quemando a los usuarios.