La Ley 418 del 2022, o la llamada Ley de Paz Total, es ya un instrumento listo para ser aplicado en la búsqueda de desactivar fenómenos de violencia que están arraigados en la sociedad colombiana, y que no será sencillo dejar atrás debido a las dinámicas que se han consolidado y que han sido resistentes a las distintas estrategias que se han aplicado en busca de superarlas en los territorios. 
 Para el Gobierno Nacional, la paz total tiene que ver con la posibilidad de acabar con las muertes violentas que infortunadamente ocurren con demasiada frecuencia en las diferentes regiones del país, pero también asegurar que la pobreza puede ser derrotada. Ambos propósitos son de una enorme dificultad para concretarlos, ya que obedecen a fenómenos con raíces profundas que requieren mucho más que la aplicación de una ley para hallar soluciones definitivas y sostenibles.
 Ahora bien, el que se establezca esa paz total como política de Estado sí puede ayudar a ir avanzando en dejar atrás el conflicto armado y todas sus secuelas, y a que su cumplimiento se convierta en un asunto esencial en cada una de las acciones y decisiones desde el Ejecutivo. No obstante, no puede considerarse la panacea o el camino perfecto para salir de los enormes problemas que afronta el país y que lo mantiene inmerso en difíciles situaciones de inseguridad y violencia.
 Inclusive, no se puede caer en la ingenuidad de pensar que las negociaciones con todas las organizaciones criminales van a ser exitosas, y que podremos tener pronto en el futuro un país en completa paz. Cuando el tráfico de drogas es tan buen negocio, cuando el Estado no puede garantizar la inexistencia del contrabando o de prácticas ilegales de minería o de deforestación, la posibilidad de que las mafias persistan y siembren la violencia en distintos puntos de la geografía colombiana es una realidad innegable.
 Está bien que la guerrilla del Eln pueda desmovilizarse siguiendo un modelo equivalente al usado con las Farc, y también sería ideal que agrupaciones criminales como el Clan del Golfo y demás grupos de ese tipo cuenten con garantías a la hora de someterse a la justicia, bajo parámetros que incentiven el no retorno a la violencia, pero también es verdadera la posibilidad de que nada satisfaga la ambición de esas organizaciones violentas, que podría aprovecharse de la oportunidad que se les brinda, solo para volverse más peligrosas. 

Por eso, desde ahora mismo resulta fundamental que el Estado garantice su presencia en cada rincón del país y en regiones donde la autoridad local la ejercen esos grupos criminales. No de otra manera será posible concretar la paz total, e inclusive debe mantenerse la posibilidad de que la Fuerza Pública pueda luchar de manera directa contra aquellos actores violentos que no acepten abandonar las confrontaciones y persistan en sus conductas delincuenciales. También fue importante que se diera un viraje alrededor del servicio prestado al país por los jóvenes, dándole un enfoque social más que militar, como se establecía hasta ahora de manera obligatoria.