Antes de que terminara el 2022, el presidente Gustavo Petro anunció que se había logrado un acuerdo para un cese bilateral del fuego por seis meses con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, que comenzó desde el pasado 1 de enero y que se extenderá hasta el 30 de junio. Ese es, sin duda, un paso importante en el camino hacia la Paz Total de la que viene hablando el actual gobierno desde el día de la posesión, el pasado 7 de agosto. 
No obstante, es un camino también lleno de peligros, ya que cualquier inclumplimiento de un lado o del otro podría hacer que fracase este proceso antes de poder consolidarse, y los riesgos son mayores al incluirse en el mismo anuncio a organizaciones como la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Si fuera posible cumplir cabalmente con ese cese con todas esas organizaciones durante este semestre, el avance hacia la paz sería firme, pero cualquier falla podría hacer que se pierda confianza en el proceso.
Un punto clave en este aspecto es que se cuente con mecanismos serios y consistentes de verificación de ese cese, que permitan tomarle el pulso a la posibilidad real de desmovilización y abandono de las armas de las actuales organizaciones armadas ilegales que hay actualmente en el país. En esto ni el Estado ni la sociedad colombiana pueden ser ingenuos, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado con otras organizaciones criminales, que aprovecharon supuestas treguas para fortalecerse y ganar espacios que hicieron luego más difícil la posibilidad de acuerdos.
Está muy bien que se busque suspender la afectación de la población y que los civiles dejen de estar en medio de las confrontaciones, pero este paso no puede servir para darles ventajas a las organizaciones delincuenciales. Esto tampoco puede implicar que las Fuerzas Militares se retiren de las zonas en las que el conflicto armado ha sido más agudo, sino que, por el contrario, es la oportunidad para que nuestro ejército logre mejorar su relación con las comunidades, ganar confianza y tejer relaciones que lleven a que los pobladores de lejanas regiones vean de mejor manera la presencia del Estado en esas zonas de Colombia.
El optimismo que puede significar arrancar el 2023 con el cese del fuego no puede llevarnos a ignorar que hay situaciones conexas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando que el Estado colombiano no puede dejar de atacar, probablemente bajo nuevas estrategias, pero con el propósito de evitar que se genere más violencia y que las mafias puedan seguir lucrándose mientras se sacrifican vidas de familias colombianas.
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Lo que se espera ahora es que los gestos de paz de las organizaciones ilegales que hacen parte del acuerdo de cese demuestren con hechos que quieren avanzar hacia la paz, con voluntad real. El respeto de los derechos humanos de las comunidades es vital para este objetivo, por lo que también se espera liberación de secuestrados, fin al reclutamiento de niños y jóvenes campesinos y también ponerle fin a las extorsiones y otros delitos que afectan a las comunidades en diversas zonas del país. Los colombianos no podríamos aceptar burlas como consecuencia de este anuncio.