En cada tragedia, desastre o emergencia los gobiernos se acuerdan de las necesidades de los organismos de socorro. El resto del tiempo poco hacen para que estas entidades estén en buenas condiciones y atiendan lo imprevisto, característica de su labor. El país vive una racha de incendios forestales en distintos departamentos a raíz de las altas temperaturas por el Fenómeno de El Niño o causados por vándalos. La pregunta que se repite es si El Niño estaba anunciado desde el año pasado, ¿por qué el Gobierno nacional no se había preparado para enfrentarlo?

Los bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos son los que le han puesto el pecho a esta emergencia para liquidar los incendios, pero a la vez y por medio de sus instancias de agremiación han salido a expresar las dificultades apremiantes que tienen y que el Gobierno Petro ha desconocido a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien después de las quejas se reunió con ellos y ahora sí convocó a mesas de trabajo para mejorarles las condiciones.

Muy a destiempo reaccionó Velasco, porque hizo caso omiso a las solicitudes de la Junta Nacional de Bomberos para que se aprobara en Asamblea el presupuesto del 2024 y les entregaran elementos, herramientas y vehículos guardados en bodegas. Inconcebible también que para el 2023 el Gobierno sólo haya aportado unos $500 millones y el hueco presupuestal lo haya tapado con los recursos que gira Fasecolda por sobretasa a los seguros que los colombianos compran y que llegó a $85 mil 460 millones. Para este año, según la Asamblea celebrada a mediados de enero, el presupuesto lo bajó el Gobierno a $68 mil 376 millones, que es casi el 90% de lo proyectado por concepto de sobretasa.

Lo más angustiante es que las reducciones presupuestales no solo son en la Dirección Nacional de Bomberos, también las padecerá el Servicio Geológico Colombiano, clave para enfrentar fenómenos volcánicos y sísmicos que tanto asedian en el país, ahí está Caldas por la presencia del Volcán Nevado del Ruiz y estar en una zona de alta sismicidad. Pero a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalada de presuntas irregularidades en contratación y con su director suspendido, el Gobierno le aumentó el presupuesto en $122 mil 552 millones.

Mientras el presidente Petro en escenarios y eventos internacionales se promueve como líder ambiental y defensor del cambio climático, en su país y por inacción de su Gobierno está dejando expuesta a la población. Petro responsabiliza a las alcaldías de incapacidad para generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático, como primeros respondientes en la atención de emergencias, pero se le olvida que los municipios en su mayoría tienen presupuestos muy bajos y les queda difícil conseguir recursos para estas funciones. No puede ser una disculpa de los alcaldes, pero la Nación debe actuar en estos casos.