Las víctimas del conflicto armado en Colombia han sido el eslabón olvidado en la cadena de la violencia y en el proceso de implementación de los acuerdos de paz para lograr la reparación y no repetición, como reza lo pactado en el 2016 entre Gobierno y Farc. Pocos dudan de que hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos vulnerados por estos actos deben estar entre las prioridades del Estado. Es una deuda de la Nación con quienes sufren desde hace décadas las atrocidades de la guerra y de quienes han estado y quieren seguir armados y al margen de la ley.
Colombia debe destinar recursos para indemnizarlos, pero sí preocupan propuestas para hacerlo como las que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el primer Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia realizado el martes. Según él, una posibilidad para resarcir a las víctimas es disponer de bonos emitidos por el Banco de la República, que es la autoridad monetaria del país, porque no es suficiente con lo que se tiene destinado en el Presupuesto General de la Nación para este año: de un total de $400 billones 2,5 van para la reparación.
Son 9 millones 446 mil 572 personas registradas, reporta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y compensarlas tomaría 125 años, aseguró Petro, es decir que ya estarían muertas. Aunque también dijo que esta propuesta no es una imposición de su Gobierno, pues el Banrepública es una entidad independiente, y hacerlo debería ser producto de un acuerdo nacional, las cosas legalmente no son así de fáciles y rayan es con el discurso populista y carente de sustento técnico que tanto le han criticado al presidente.
Disponer de bonos del emisor no puede hacerse como iniciativa legislativa ordinaria para modificar su destino. Es decir, que los bonos ya no vayan a los bancos, sino a reparar a víctimas tiene que ser una propuesta de reforma constitucional, acompañada de una ley estatutaria y la definitiva la tendría la Corte Constitucional, donde difícilmente pasaría, porque podría darse una sustitución de la Constitución. Fuera de eso, es responsabilidad exclusiva del Estado que con sus recursos establecidos anualmente destine lo que va a invertir en las víctimas y cómo lo hará. Echar mano de recursos que van a la estabilidad financiera, como son los bonos del emisor, sería otro golpe para la economía nacional y eso no lo hace ningún país responsable.

Petro señaló que para resarcir a las víctimas se requieren $301 billones y que con su idea, que reconoció no es nada ortodoxa, se podría ejecutar en 10 o 15 años. Sin embargo, hacerlo de esta manera nos podría catalograrde república bananera, en la que todo es posible, así sea pasando por encima de las leyes y las normas establecidas. Hay que reparar a las víctimas, sí, pero en un Gobierno progresista como en el que estamos deben surgir ideas más sensatas y creativas para lograrlo.