La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Minas y Energía, reportó que en el año 2021 la demanda anual de energía eléctrica creció 5,24% sobre todo por la recuperación del mercado no regulado, que en el 2020, año de pandemia, fue el más afectado. Según sus proyecciones, esta demanda para el 2023 y el 2024 aumentará 3,1%. Sin embargo, la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia) en su informe Proyectos de energías renovables 2023-2024 analizó la situación de 80 en el país y encontró que 52 (65%) tienen retrasos.
Ser Colombia asegura que solo 28 proyectos avanzan sin problemas para atender las crecientes necesidades energéticas de los colombianos, eso contrasta negativamente con las inversiones que se calculan para el país a través de las 80 iniciativas, que serían de un promedio anual de 1.500 millones de dólares; eso a tasas de cambio, hoy representarían unos 7 billones de pesos. Con ese boyante horizonte, proyectó el Banco de la República que la inversión anual del país se aumentaría 53% en el sector electricidad, gas y agua, comparable con la inversión extranjera directa que recibe Colombia por todo el sector de industrias manufactureras.
Sería un negocio nada despreciable, pero la realidad es otra. Hay proyectos muy enredados porque no han podido cumplir los trámites que exigen entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la UPME, corporaciones autónomas regionales, y hasta en conflictos sociales en los territorios donde se van a desarrollar, por los que se tienen que surtir primero consultas ciudadanas. Ser Colombia agrega que poner en ejecución esas 80 iniciativas permitiría atender las necesidades de consumo de por lo menos 1,8 millones de colombianos, otra bondad en momentos en que el Gobierno está hablando de transición energética y que la apuesta es generar energía con fuentes renovables como la hidráulica, la eólica y la solar.
Si varios de esos proyectos hubiesen priorizado un trabajo social de fondo y participativo con las comunidades, muchos ya estarían del otro lado y en ejecución. También se debe tener en cuenta que Colombia exporta energía eléctrica a Ecuador y que había proyectos para hacerlo a Panamá e incluso se había pensado en una conexión intercontinental surtida por Colombia de lo que no se volvió a saber. Ahora, justo para el segundo semestre de este año, autoridades climáticas hacen pronósticos de la formación de un Fenómeno de El Niño en Colombia, caracterizado por sequías debido a las altas temperaturas y a las bajas lluvias. Si estos proyectos estuvieran en ejecución y prestando servicio, no se tendría al país en vilo por lo que pueda suceder. Buena parte de la energía del país depende del funcionamiento de las hidroeléctricas y el plan b para este caso es encender las térmicas para evitar racionamientos como el de hace 31 años.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dice que para eso los colombianos hemos venido pagando el cargo por confiabilidad que aparece como ítem en la factura de energía eléctrica, una especie de seguro para que las geotérmicas tengan energía disponible para cubrir la demanda. Pero hay dudas de si esto es suficiente desde lo financiero para sortear una coyuntura tan compleja. Colombia tiene a una ministra inexperta en el sector y un Gobierno que se ha declarado a favor de la descarbonización de la economía, es decir dejar de producir carbón, gas y petróleo que son combustibles necesarios para el funcionamiento de las térmicas. Si a esto se le suma que en reservas hídricas el nivel de los embalses en el país es de un 60% en promedio las salidas no se ven tan seguras y el panorama se oscurece.