Una información que debería ser plenamente transparente para la sociedad colombiana, como es la correspondiente a los bienes incautados a las mafias durante años, está cubierta hoy por un manto de misterio, debido a que no existe, al parecer, un inventario que aporte claridades acerca de cuántos son, dónde están y quien ocupa o utiliza actualmente esos muebles e inmuebles, que supuestamente administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Se calcula, de acuerdo con lo dicho por el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que el valor de esas propiedades arrebatadas a las mafias tienen un valor aproximado a los $25,7 billones, pero lo grave es que hay zonas grises y oscuras alrededor de sus características y queda en el ambiente la inquietante posibilidad de que, simplemente, se hayan perdido en manos de otras mafias incrustadas en el Estado, que se quedaron con ellos sin seguir parámetros mínimos que aseguraran que pudieran ser vendidos para llevar esos recursos al erario.
Hoy se tiene noticia alrededor de 19.587 bienes (rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, comercios, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones y dinero efectivo), pero la actual administración de la SAE ha evidenciado que faltan piezas en el engranaje, de las cuales no se tiene información alguna, lo cual se facilitó con la desaparición de la antigua DNE (Dirección Nacional de Estupefacientes), también por corrupción, y su posterior transformación en la SAE. Como bien lo señalaron los altos funcionarios será preciso aplicar métodos de informática forense para tratar de reunir toda la información.
Es bastante grave lo que informaron la semana pasada Petro y Barbosa alrededor de esos bienes, porque es verdad que, como dijo el mandatario, podríamos estar ante uno de los hechos más dolorosos y vergonzosos de saqueo al patrimonio de la Nación que, demostraría de paso, la ineficacia de mecanismos como el de la extinción de dominio a los criminales, figura que por demás ha sido de tímida aplicación en un país con tantos delincuentes condenados por enriquecimiento ilícito.
Se estableció ya una mesa técnica para hacerle seguimiento a esos bienes, con el propósito de llenar los enormes vacíos en el inventario, y al mismo tiempo poder determinar quiénes fueron los responsables de que eso ocurriera. Todo indica que, al frente de esa entidad, cundieron por años conductas ilegales que se especializaron en esconder y desaparecer información, con el único objetivo de obtener beneficios económicos personales, algo que debería conducir a la judicialización y condena de los responsables.
Esos bienes son propiedad pública desde el momento en que se les quita a los criminales, y por tanto el robo de ellos, si se dio, es un desfalco directo a los activos del Estado que nos pertenecen a todos los colombianos. Es fundamental establecer una completa trazabilidad de cada uno y, en adelante, garantizar que se cumpla la ley y se mantenga al día ese inventario, que debería estar a la vista del público. Inclusive, más que administrarlos, que puede ser desgastante, deberían ser puestos en subasta pública, para que los recursos líquidos ingresen a financiar el presupuesto nacional.
