El Congreso de la República aprobó, con algunos ajustes al proyecto original, la nueva reforma tributaria que comenzará a regir el 1 de enero del 2023. Se calcula que con ella se van a recaudar unos $20 billones al año, para financiar programas que pretende impulsar el gobierno de Gustavo Petro. Inicialmente, la meta era conseguir $26 billones de recursos nuevos, pero durante su trámite en el Legislativo se fue ajustando hacia abajo. De todos modos, según el gobierno así se podrá elevar la inversión social, como es su objetivo. 
En términos generales, el nuevo esquema tributario apunta a que aporten más las personas de mayores ingresos, el sector financiero, las empresas de hidrocarburos y también se incluye el consumo de bebidas azucaradas y con exceso de grasa y sodio. La mayor parte del recaudo provendrá de la no deducibilidad de impuestos de renta de las regalías por la explotación petrolera, así como de una sobretasa al impuesto de renta para las empresas petroleras. Algunos críticos señalan que los efectos de gravar más este sector pueden ser contrarios a lo que se busca, ya que desincentiva la inversión y con el tiempo habría una reducción en el recaudo.
De la misma manera, una novedad en la reforma es que se cobrará a las bebidas que tengan un nivel de azúcar más alto del inicialmente propuesto y a algunos alimentos ultraprocesados, como las salchichas, los cereales, las galletas o el chocolate. Por esta razón, también hay críticas acerca de que los impuestos también a tocar a los hogares de ingresos bajos y medios que consumen este tipo de alimentos con frecuencia.
Como la reforma también tiene un enfoque ambiental, ahora habrá un impuesto a los plásticos de uso único, como los empaques desechables, y será más alto el ya existente impuesto al carbono. Otro punto esencial es el de buscar una reducción del déficit fiscal que, pese al impacto positivo que se tendrá en ese sentido, para el 2023 estaría en 7,3%, aún demasiado alto. Lo fundamental es seguir avanzando en el saneamiento de las finanzas públicas y que haya recursos suficientes que alejen la tentación de romper la necesaria Regla Fiscal. Esperamos que esta reforma no vaya a afectar el crecimiento económico nacional y que no resulte perjudicial en medio de la difícil coyuntura económica que vivimos, con una inflación desbocada y un dólar cada vez más costoso.
Queda pendiente el resultado final del texto que irá a sanción presidencial, debido a que antes tendrá que hacerse la conciliación entre lo aprobado en Senado y Cámara, para que quede un solo texto, que también tendrá que superar la revisión constitucional. Como sea, lo que se espera ahora es que el gobierno también se comprometa con la austeridad, de manera real, y que se hagan mayores esfuerzos para luchar contra la evasión y la elusión, por las que dejan de ingresar al erario ingentes cantidades de dinero. 

 El país también espera que los nuevos recursos que ingresarán sean invertidos adecuadamente, con criterios de equidad, pero también en programas que impliquen desarrollo para el país. Desde el Ejecutivo se ha dicho que la educación, los acueductos, las vías, el apoyo a madres cabeza de familia, la paz, el cuidado del medioambiente y el fomento de la pequeña empresa serán prioridades que quedarán expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo.