El Gobierno Nacional decidió enviar cuatro viceministros para dialogar con los mineros que tienen bloqueada la movilidad en límites entre Antioquia y Córdoba, afectando a miles de personas, de tal manera que ya se registra desabastecimiento. Alegan los manifestantes que los están persiguiendo y una vez más sale a flote la situación de informalidad, en unos casos, y de ilegalidad, en otros, de la mayoría de personas que se dedican a este oficio. La propia Gobernación de Antioquia habló de que el Clan del Golfo está detrás de las presiones para realizar este paro, lo que demostraría una vez más, que si bien miles de familias que dependen del sustento de la minería, también es cierto que son estructuras criminales las que manejan muchas de las explotaciones en las que, además, abusan de los lugareños.
Este es un fenómeno mucho más complejo que simplemente autorizar que cualquiera con una batea o una pica pueda explotar el subsuelo de los colombianos. Obliga sincerarnos en estos temas y dar cuenta del grave daño ambiental que se causa a los ecosistemas con buena parte de la minería no legalizada en el país, en casos específicos de peor manera que la minería industrial, que carga con la mala fama. Cada que el Estado intenta poner orden, se asoma la protesta, escala el discurso de odio contra la gran minería y, al final, el Gobierno cede porque generalmente los problemas sociales se agravarían.
Basta ir a los territorios mineros para darse cuenta de la mala disposición de los químicos, de la antitécnica excavación de los terrenos, de las precarias condiciones laborales en las que trabajan. En Caldas, por ejemplo, ya este año han muerto dos mineros en accidentes en Marmato. El año pasado ascendieron a siete los decesos por esta causa, uno en Anserma y los demás también en Marmato, para sumarse a un total de 96 fallecidos desde el 2015 en el departamento. Es un conteo que muestra los serios problemas de esta actividad.
Además de la situación de los mineros y de lo que se vive en sus territorios, también se vuelve recurrente cómo cualquier gremio se toma la atribución de afectar la movilidad de los ciudadanos y a una región. Insistimos, en que buena parte de los problemas que se presentan en nuestro país pasan por la falta de que el Estado aplique los controles que le corresponden. La minería debería tener mayor control y, al tiempo, programas que permitan a quienes hoy se dedican a esa labor, pasar a otros renglones de la economía. Tiene que haber planes de corto, mediano y largo plazo.

Este Gobierno, tan preocupado por los daños ambientales, a pesar del impacto que se le puede generar a la economía colombiana si deja de explotar los minerales y los combustibles fósiles de un día para otro, bien haría en mostrar cuál es el plan para la formalización o las alternativas para que los mineros artesanales puedan subsistir de otra manera y cómo se va a combatir a los ilegales, sobre todo, a los que están promovidos por grandes estructuras criminales, que no tienen contemplación en acabar con los ecosistemas y menos en llevar consigo inseguridad a las comunidades. Es hora de poner orden en la minería.