Colombia necesita reformar aspectos de su sistema de salud, pero como plantea hacerlo Gustavo Petro no es lo que requiere el país. A pesar de eso, las mayorías de Gobierno en la Cámara de Representantes tras meses de debate, muchas críticas y peticiones ciudadanas y gremiales que no fueron escuchadas, sí estuvieron a favor. Este proyecto de ley pasó con 99 votos, pero le faltan dos debates en el Senado a los que pasará el próximo año en sesiones ordinarias y la posterior revisión en la Corte Constitucional. Se espera que los senadores decidan basados en argumentos, no en ideologías, que lo hagan pensando en las reales necesidades y requerimientos de salud de los ciudadanos para que no queden desprotegidos, en especial los que no cuentan con recursos para pagar de su bolsillo los servicios.
Lo aprobado por estos 99 representantes a la Cámara de todo el país pasó con muchos vacíos, entre ellos no contar con un aval fiscal de mediano plazo. Los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, nunca revelaron cuánto le costará a la Nación y de dónde saldrán los recursos para echar a andar una reforma de estas dimensiones, que busca dejar en manos del Estado el sistema de salud. Fue algo así como haberle firmado al Gobierno nacional un cheque en blanco, que expone al sistema a que los servicios no lleguen a todos los rincones de Colombia. Ojo, la atención en salud hoy tiene problemas, pero no parece que la reforma los atienda, sino que los agrava, esa es la cuestión.
Volver al viejo y desgastado modelo público de salud representaría retroceder décadas. Venezuela y Cuba son ejemplos de lo nocivo que este tipo de estatización puede ser para la atención; para el suministro de medicamentos, en especial los de alto costo y los más especializados; para la práctica de procedimientos, costosos en su mayoría; para el acceso y continuidad de los tratamientos dedicados a patologías específicas como sí lo tenemos actualmente en Colombia. Reiteramos: no tenemos un sistema de salud perfecto. Se requiere redoblar esfuerzos para controlar y para sancionar a las aseguradoras que no cumplen y a cualquier otro actor que ejerza mal como prestador del servicio dentro del sistema, pero eso es algo muy distante al borrón y cuenta nueva, o mejor vieja si se regresa a figuras similares al nefasto ISS.
Los senadores no pueden ser sordos ante lo que están diciendo los colombianos, que en su mayoría, según encuestas, no quieren que se acabe con las EPS. El Senado también deberá estudiar y en profundidad si esta reforma se presentó con un vicio de procedimiento y no debe seguir siendo tramitada como ley ordinaria, sino como estatutaria. Primero hay que garantizar seguridad jurídica. Esta reforma que pasó en Cámara no es un triunfo del presidente Petro, como quiere venderlo el ministro Jaramillo. No puede ser un logro cuando le ha implicado al país revolcones ministeriales, crisis institucionales y políticas que no se sabe finalmente cómo las logró zanjar el Gobierno. Esperamos que no haya sido con mermelada.

Nadie duda de que la salud debe ser un derecho de todos, porque por ella se paga, y no un negocio de algunos, como ocurre hoy; pero para atacar ese tipo de irregularidades es que debe estar atento el Estado, con toda su estructura e instituciones. El trámite de esta reforma en el Senado no puede ignorar, como sí lo hizo la Cámara de Representantes, el conocimiento y la experiencia en el sector salud de la academia y de expertos, incluso de las propias asociaciones de usuarios que han advertido de los riesgos. Tienen mucho por decir y por explicar, ahí están las ayudas para resolver este problema.