Este es quizá el más difícil momento para el Gobierno de Gustavo Petro en casi 10 meses desde la llegada a Palacio el 7 de agosto del 2022. Cayó en lo que tan férreamente criticó como fuerza política a líderes y militantes de partidos opositores, y comenzó a debilitar desde adentro a sus aliados. El escándalo ventilado esta semana y que toca a su mano derecha y persona de confianza, la jefe de gabinete, Laura Sarabia, por la pérdida en su residencia de un maletín con unos dineros cuyo monto aún se desconoce, desató investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría por la gravedad de los hechos ocurridos en enero de este año.
Alguien ordenó aplicar una prueba de polígrafo con equipos oficiales de la Presidencia a quien fue niñera de su hijo, para establecer si robó el dinero en cuestión. Esto se conoció ahora porque la exniñera salió a los medios y entregó declaraciones. A partir de ahí vino un cruce de inculpaciones que la justicia está en la obligación de aclarar. Sarabia manifestó que detrás está el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también hombre de confianza del presidente Petro y quien fue igualmente jefe de la exniñera. Él lanzó graves denuncias contra Sarabia indicando que lo había buscado para evitar que la exniñera hablara con periodistas y dejó abierto el interrogante de si la ahora jefe de gabinete acudía a chuzadas.
El irregular uso del polígrafo de Presidencia para fines personales pasó entonces a un segundo plano por la gravedad que significa que la Fiscalía y la Policía hayan confirmado que en enero se interceptaron las líneas telefónicas de la exniñera y de otra mujer que fue empleada de Sarabia. Fueron vinculadas inicialmente a una investigación contra el clan del Golfo. Sin embargo, 72 horas después, cuando se habían escuchado las llamadas, se solicitó cancelar ese procedimiento porque no había prueba suficiente para inculparlas como miembros del grupo criminal. El fiscal, Francisco Barbosa, no dudó en decir que esto pone al país en las épocas más negras y oscuras de la historia judicial y abre un boquete para saltarse mecanismos legales. Parece haberle caído del cielo este enredo, justo cuando la relación con el presidente atraviesa por el peor momento. Por eso se le pide madurez y seriedad para actuar con rigor y sujeción a la ley.
Semejante escándalo por el retorno de las chuzadas en Colombia agitó hasta a la bancada de Gobierno en el Congreso. Unos defendieron al presidente y su equipo, pero empieza a crecer la división interna y hubo congresistas de la línea política de Petro que pidieron investigar a fondo porque quizá hasta ellos estén siendo intervenidos por el Gobierno. La salida de Sarabia y de Benedetti la anunció ayer el presidente en Bogotá, para permitir las investigaciones. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, debe estar cuestionándose mucho, por cómo seguir en un Gobierno señalado de hacer interceptaciones telefónicas ilegales a ciudadanos, al haber sido él quien investigó y estuvo a cargo de las investigaciones por las chuzadas en el Gobierno de Álvaro Uribe.

Las escuchas ilegales de comunicaciones retroceden a Colombia al 2009 cuando se conoció que el DAS, cuando era presidente Uribe, había chuzado a magistrados, periodistas y políticos de oposición. No se puede retornar a esos tiempos aciagos que nada bueno dejaron. Se espera que el presidente Petro rompa el silencio en este caso que tiene vinculadas a dos personas de su entera confianza, le permita a la Fiscalía investigar hasta que se aclare toda duda, y este ente se dedique a establecer con rigor, sin aprovecharse del momento para tomar represalias, la veracidad de este escándalo y determine responsables para no repetir la historia.