La Corte Constitucional, con su decisión de ordenar a la Alcaldía de Bogotá que la Plaza de Toros Santamaría sea restituida para la realización de corridas de toros, se pone en sintonía con la defensa de las minorías, el respeto a la diversidad y la protección de las tradiciones culturales de los que habla la Constitución Nacional.
Ese pronunciamiento da esperanza a la vilipendiada afición taurina de Cali y Manizales, ciudades en las que la fiesta brava tiene un innegable arraigo en su población, demostrada en los llenos de las plazas de toros para ver a los mejores toreros y a los ejemplares de las ganaderías especializadas en criar el ganado bravo y de casta, cuya naturaleza y razón de ser es embestir.
Desde el 2012, cuando el actual presidente, Gustavo Petro, era el alcalde de Bogotá, el escenario taurino fue vetado para las corridas, y así se mantiene pese a la sentencia T-296 del 2013 que ordenó reversar esa medida. Aunque el mandatario nacional persiste en oponerse a esas decisiones de la Corte, como demócrata que es debe saber que ante este fallo, que es inapelable, solo cabe el acatamiento, que en esta ocasión está en cabeza de la alcaldesa Claudia López, opositora también de la tauromaquia.
Hay que recordar, además, que en el Congreso de la República se tramita actualmente un proyecto de ley que busca en Colombia la prohibición de las corridas de toros, y también de las peleas de gallos, al cual le quedan dos debates para convertirse en norma. No obstante, todos sabemos, igualmente, que toda ley antes de ser sancionada por el Ejecutivo va a control constitucional, donde una revisión exhaustiva de los magistrados puede declarar su exequibilidad o inexequibilidad, dependiendo de si se ajusta o no al marco de la Carta Magna.
Puede tener razón el Gobierno Nacional en cuanto a impedir que un menor de edad se enfrente a la fuerza bruta de un animal en Colombia, para proteger sus derechos y garantizar que no haya explotación laboral, pero en sintonía con la misma carta constitucional que avala una decisión como esta, los derechos de la minoría taurina deben ser protegidos de la misma manera.

Adicionalmente, los colombianos debemos reflexionar acerca del significado de abrir las puertas a las prohibiciones en el país, o a tratar de igualar una práctica cultural tradicional con un delito. Decisiones como esa pueden abrir una puerta peligrosa en la que se cometan muchas arbitrariedades y hasta abusos de poder. Debemos entender que todo lo que pretenda coartar derechos es antidemocrático, y que siendo los animales seres vivos que deben ser protegidos, nunca podrán ser igualados a la condición humana, porque ese absurdo significaría ir en contra de toda lógica y de la naturaleza misma.