No se compadece que los colombianos estén sufriendo para acceder a un pasaporte como consecuencia de líos administrativos y contractuales entre el Gobierno nacional y particulares, de lo que deberían estar al margen y sin que afectara la prestación de un servicio a cargo del Estado. La elaboración de estos documentos de identidad la venía contratando la Cancillería desde el año 2006 con la firma británica Thomas Greg & Sons, negocio que se vence este 30 de septiembre. No se sabe, a partir de octubre, qué entidad será la que los expida e imprima.
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declaró esta semana desierta la licitación que por casi $600 mil millones abrió en mayo el Ministerio que dirige para elaborar durante tres años los pasaportes en el país y los de los connacionales en el exterior. Se quejó de que solo hubo un oferente, la unión temporal Pasaportes 2023 integrada por Thomas Greg & Sons y Thales de Francia, cuando busca es garantizar derechos de libre concurrencia e igualdad a otros participantes, aseguró. Hasta la Contraloría General de la Nación advirtió a esa Cancillería de los riesgos de esta licitación. La unión temporal respondió con un recurso de reposición, alegando que debía quedarse con el contrato porque cumplió lo legal.
La pregunta que ronda es qué tan amplios fueron los pliegos de condiciones o se diseñaron a las medidas de una empresa específica; es decir, los llamados pliegos de sastre reconocidos como forma para amarrar una licitación. Leyva negó el recurso y declaró el jueves la urgencia manifiesta, supuestamente para darle solución al proceso ordenando celebrar el contrato de forma directa. Se contradice ahí el ministro, pues en esta modalidad se establecen los contratos sin necesidad de una convocatoria pública, que es parte de lo que alega. Dijo que lo hará salvaguardando el deber de selección objetiva, mientras se ejecuta un proceso ordinario. Ahí poco se le entiende su posición.
Thomas Greg advirtió que contratar a otra firma por tiempo reducido llevará a aumentar los costos del pasaporte, ya que se incrementarían los precios de los insumos al tener que comprarlos en cantidades bajas y además alteraría los acuerdos con los proveedores que suministran las materias primas para elaborarlos. Se espera que el Minrelaciones tenga esto presente y haya diseñado o elabore un plan de contingencia para no impactar más al ciudadano, aunque crece la incertidumbre entre quienes tenían citas agendadas para el próximo mes.

Si los términos de esa licitación favorecían a la unión temporal, será lo que la justicia tenga que establecer, pero es poco creíble que Thomas Greg sea la única con la experiencia requerida para este objeto; también queda para los juristas resolver si la Cancillería violó las reglas de la contratación estatal y si es legal declarar la urgencia manifiesta, pero desde ya se vislumbra que habrá dilaciones porque hay anuncios de demanda en contra el Ministerio por daños y perjuicios. El Gobierno nacional deberá ser muy cuidadoso para contratar, porque lo más grave que puede ocurrir es que se paralice este servicio público en Colombia y para los nacionales en el exterior.