Las elecciones del 2026 en Colombia ya quedaron empañadas. Se considera como un hecho de la mayor gravedad para los comicios de marzo, al Congreso, y de mayo, a la Presidencia, el atentado sicarial perpetrado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio, que lo mantiene en una Unidad de Cuidado Intensivo tratando de salvar su vida. Con ello el país retrocedió décadas, cuando en medio de una vil y cruda violencia entre los años 1986 y 1990 fueron asesinados muchísimos colombianos, entre ellos se cuentan los magnicidios de cinco candidatos presidenciales de distintas tendencias y partidos políticos.

Como reacción a lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, que destapó presuntas amenazas contra otros precandidatos presidenciales, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal de Colombia, ONU-Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la Misión de Verificación de la ONU se integraron para convocar a la firma del “Compromiso por unas elecciones libres y en paz”, al que se sumaron unos 70 apoyos de organizaciones políticas, aspirantes a la Presidencia, autoridades de las ramas del poder público, comunidad internacional, sectores sociales (academia, gremios, medios de comunicación), congresistas y concejales.

Se convierten en obligaciones de cada uno de los firmantes defender la vida, promover el respeto por las diferencias, erradicar la violencia de la política, promover el lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización, respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico, defender la democracia, garantizar la información veraz, fomentar el diálogo democrático, respetar las diferencias. No se puede permitir que las del 2026 sean otras elecciones ensombrecidas con más atentados y mucho menos con muertos; todos debemos volcarnos para que sean unas votaciones en paz, pero sobre todo gozando de garantías plenas para ejercer sin ninguna limitación los derechos a ser elegido y a elegir, que son parte esencial de cualquier país que se diga democrático.

El mensaje es a no dejarse vencer por la desconfianza, ni por el miedo que todos estos hechos puedan estar representando, y en ello la Presidencia de la República, las organizaciones electorales y los organismos de control no pueden escatimar esfuerzos para apoyar con recursos y expedir las medidas administrativas necesarias y les competan en el blindaje contra todo riesgo a los procesos electorales que se vienen, sin excluir ningún rincón; además, especialmente haciendo caso de las alertas tempranas que emitan instituciones como la Defensoría del Pueblo y entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE), que tienen a su cargo el seguimiento al Compromiso firmado.

No se puede seguir enfermando la democracia con más violencia. Los procesos electorales apenas están comenzando, y aunque pueda sonar prematuro hay que estar vigilantes e identificar de dónde está surgiendo la violencia política y quiénes son sus autores intelectuales, interesados en que las votaciones no se puedan realizar como están programadas por la Registraduría Nacional; de allí la importancia de denunciar cualquier amenaza verídica, no ficticia para ganar adeptos, y los actos que busquen interferir con que las próximas sean unas elecciones en paz y libres en Colombia. El país ya está cansado de eso.